El catalán entierra la Ley de Consumo de Armengol que multa con 6.000 € a los comercios que no la usen

La imposición del catalán y la inminente carrera electoral, entierran la Ley balear de Consumo de la presidenta socialista, Francina Armengol, que multa con 6.000 euros a los comercios que no la usen, y que desde hace año y medio permanece escondida en un cajón de la dirección general de Consumo en manos de Podemos.

Una formación que junto a los socialistas ha bloqueado su tramitación, al exigir en su articulado como los independentistas de Més defienden, que los consumidores sean atendidos en la lengua que elijan de las dos oficiales en Baleares.

La última polémica a este respecto sucedió a finales del pasado mes de diciembre cuando activistas de la denominada Plataforma per la Llengua, en el transcurso de la fracasada manifestación independentista que recorrió las calles de Palma, desplegaron pancartas exigiendo a los tres partidos del Ejecutivo balear, su impulso y aprobación, antes de que acabe la presente legislatura.

De hecho el anteproyecto de la denominada Ley de Protección de las personas consumidoras y usuarias de las Islas Baleares ha finalizado por completo toda su tramitación, de forma que el Govern estaría ya en disposición de aprobar este proyecto de ley, en el Consell de Govern que le parezca.

Si se aprobara el proyecto en enero, y se acelerasen los trámites en el Parlament, podría entrar en vigor esta legislatura, si bien poco o más bien nada se ha hablado del asunto en la Cámara balear sobre esta ley, ya que las diferencias entre los socios de gobierno parecen insalvables.

A ello hay que sumar el rechazo rotundo de las patronales del comercio a su implantación por lo que las consecuencias electorales que, a pie de calle, se podrían derivar de su aplicación a cuatro meses de las próximas elecciones hacen aún más firme la negativa de socialistas y Podemos a su refrendo.

Otra cosa será la próxima legislatura, si por tercera vez en las elecciones autonómicas de mayo, Armengol reedita la coalición de gobierno con sus socios. En este caso se da por hecho su tramitación parlamentaria, dado que su aprobación estaría en la mesa de negociaciones del tripartito balear.

El proyecto de ley en su tercer y último borrador recoge, por ejemplo en el capítulo V de Derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias, artículo 29, que «los consumidores tienen derecho a ser atendidos en alguna de las lenguas oficiales de las Illes Balears, y no pueden ser discriminados o atendidos incorrectamente por razón de la lengua oficial utilizada».

Y a este respecto indica que «tienen derecho a recibir en la lengua oficial de su elección, los documentos de la oferta de los productos y servicios, la información y la documentación precontractual y contractual (presupuestos, resguardos de depósito, facturas y el resto de documentos relacionados), instrucciones de uso y consumo de los bienes y servicios».

Pero es más, en el anteproyecto se recoge que los productos elaborados en las Illes Balears con denominación de origen geográfica o de calidad y los productos artesanales que se elaboren y comercialicen en las Illes Balears deberán llevar la información en catalán», exclusivamente, por tanto en esta lengua y no castellano, pese a ser lengua oficial en Baleares.

Y los comercios que incumplan serán sancionados con multas de hasta 6.000 euros como el resto de infracciones leves, si bien puede aumentar el importe de la multa en función de su reiteración. No obstante, la Plataforma per la Llengua va más allá, y exige garantizar que las personas que acceden a la actividad comercial, a la prestación de servicios, a la atención al cliente y a las que lo hagan en calidad de trabajadores asalariados, «deben estar en condiciones de poder atender a los consumidores en cualquiera de las lenguas oficiales de Baleares».