Baleares destina dos millones a inmigrantes ilegales para que dejen de ser manteros o prostitutas

El Govern balear presidido por Marga Prohens destinará dos millones de euros entre 2024 y 2025, procedente de fondos europeos, para que inmigrantes ilegales extracomunitarios dejen de ser manteros o abandonen la prostitución, a cambio de inscribirse en itinerarios de integración que gestionarán entidades del tercer sector, para reducir los factores de vulnerabilidad y exclusión y mejorar su capacitación personal y social.

Para ello los beneficiarios tienen que cumplir siete requisitos: tener la nacionalidad de un país extracomunitario; ser mayor de 18 años y acreditar un año de residencia en las Islas Baleares en el momento de inicio de la participación en el itinerario.

En cuarto lugar, encontrarse en situación de precariedad económica grave y riesgo de exclusión; dedicarse a actividades económicas no reguladas y, en concreto, al ejercicio de la prostitución o venta ambulante; no poder acceder a actuaciones en materia de políticas activas de empleo a causa de su situación administrativa; ser preferentemente usuarias de alguna entidad del tercer sector social de las Islas Baleares que son las que impartirán estos itinerarios de inserción laboral y, por último, tener pasaporte en vigor.

Durante los dos años que duran estos itinerarios los inscritos percibirán unas becas de asistencia a las sesiones que podrán ser de dos importes: 8 o 23 euros diarios.

La de menor importe se concederán a aquellas personas que tengan acceso a la renta social garantizada (604 euros al mes) mientras que las becas de 23 euros se concederán a las personas usuarias que no tengan otro ingreso.

El acceso de una persona usuaria a un itinerario social y la concesión de la beca respectiva, requerirá la comprobación previa por las técnicas de la dirección general de Servicios Sociales de si la persona usuaria es beneficiaria de la renta social garantizada.

Los itinerarios se llevarán a cabo preferentemente de lunes a viernes, durante un mínimo de 448 días lectivos, y tienen como fin mejorar la capacitación idiomática, alfabetización digital, desarrollo de habilidades sociales y de comunicación interpersonal, habilidades básicas de la vida diaria y del hogar, conocimiento de los recursos y servicios públicos y su mejora en su vinculación e implicación con el entorno comunitario de la sociedad de acogida.

El objetivo final de estos ciclos formativos es apoyar a que estas personas puedan recorrer el camino de salida de una realidad no deseada, siempre vivida como una opción impuesta y de la que actualmente les resulta muy difícil rehuir.

Como apunta el Ejecutivo la actuación de redes organizadas que secuestran y extorsionan a las mujeres víctimas de tráfico se convierte en una situación de grave vulnerabilidad que dificulta la inserción de las afectadas, las aísla de su entorno comunitario y aleja de la posibilidad de insertarse socialmente en un contexto laboral normalizado.

La actividad supone una vulneración de la dignidad de las víctimas y una forma de violencia que genera un grave perjuicio emocional y social que debilita a la persona y dificulta una salida voluntaria y deseada de un entorno hostil. A ello hay que unir el dato de que Baleares es la que presenta una mayor proporción de mujeres prostituidas, un total de 121,38 por cada 10.000 mujeres; seguida de Cataluña (103,86); la Comunidad Valenciana (73,5%); y Cantabria (72,5), según el primer macroestudio sobre trata y explotación sexual realizado por el Ministerio de Igualdad.

La venta ambulante ilegal, por su parte, constituye como remarca esta convocatoria, «una penosa actividad, poco gratificante y que genera unos ingresos extremadamente bajos», indica.

«Es ejercida mayoritariamente por personas jóvenes que viven el ejercicio de la venta como una alternativa no deseada a la que deben resignarse por no disponer de otra alternativa» y según reza en el documento, «es una actividad que genera desacuerdos tanto con los entornos socio comunitarios como con el tejido comercial instaurado en las Islas Baleares, que reclama un trato homólogo a los nuevos operadores a la hora de exigir el cumplimiento de la normativa en vigor».