El Ayuntamiento de Palma suspende cada mes 300 empadronamientos de media por falsedad documental

El Ayuntamiento de Palma suspende por falsedad documental y da de baja cada mes por fraude 300 empadronamientos como resultado de la labor de los tres inspectores municipales destinados a este menester, que realizan una media de 400 inspecciones padronales mensuales.

Si bien la mayoría de las personas que solicitan empadronamiento en Palma aportan la documentación requerida, escritura de propiedad o contrato de alquiler, ante la proliferación de estos casos, el Ayuntamiento ha incrementado los controles.

Si quien se empadrona es una persona no titular de la vivienda, se le requiere además de presentar la escritura o el contrato de alquiler, una autorización expresa del propietario.

En caso de no poder aportar la documentación preceptiva para acreditar el acceso a la vivienda, se realiza una inspección municipal para constatar la residencia efectiva.

El Ayuntamiento de Palma, en caso de duda razonable de la veracidad de la documentación aportada, no hace efectivo el empadronamiento en el acto. En estos casos realiza también una inspección (ya que se tienen tres meses para poder efectuar el trámite desde la solicitud) para constatar la residencia efectiva o no.

En ocasiones, el empadronamiento que a priori aparenta ser correcto, resulta haberse efectuado en base a un contrato de alquiler falso.

En el momento en el que se detecta este hecho, normalmente por parte del propietario o residente en el domicilio objeto del fraude, los falsos ocupantes ya están empadronados. En ese caso, el Ayuntamiento abre un expediente de regulación padronal para darles de baja, así como, por supuesto, da parte de los hechos a la Brigada Provincial de Extranjería (UCRIF) de la Policía Nacional.

Estos casos de fraude son imposibles de detectar por el funcionario que tramita el empadronamiento en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC), pues a priori toda la documentación presentada es correcta, y el fraude se descubre a posteriori.

El Ayuntamiento de Palma viene colaborando desde hace más de un año con la UCRIF que está incoando expedientes sancionadores por empadronamientos indebidos constitutivos de infracciones graves sancionadas con multas de entre 501 y 10.000 euros.

Hay personas que se alojan en habitaciones con la condición de que no se empadronen en el domicilio, pues los titulares del contrato de alquiler (caseros a su vez de las habitaciones subarrendadas) necesitan pedir ayudas y subvenciones.

Este hecho, además de favorecer una actividad económica no declarada que escapa al control de la administración, impide la inscripción de los verdaderos moradores de la vivienda.

Habitualmente estos inquilinos de habitaciones subarrendadas, que se presentan a empadronarse sin ningún documento acreditativo de la vivienda, rechazan también la inspección municipal, pues temen que la reacción de sus caseros sea echarles de la habitación y encontrarse de nuevo sin un techo donde vivir.

De hecho el Ayuntamiento ha detectado una red de gestores de contratos fraudulentos y empadronamientos irregulares. Ante esta situación el grupo municipal de Vox ha presentado una propuesta al pleno del próximo 24 de abril instando al gobierno en minoría del PP a aumentar la plantilla destinada a las inspecciones padronales en, como mínimo, dos inspectores más.

También a incrementar los empadronamientos no inmediatos en los casos en los que no esté clara la documentación aportada y se realicen las inspecciones oportunas, además de intensificar la colaboración con la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional, al objeto de remitir todos los casos en los que exista duda razonable de la residencia efectiva.

Hace un año en mayo de 2024 el pleno municipal con los votos a favor de PP y Vox aprobó que la Policía Local de Palma hiciera visitas a domicilios para comprobar empadronamientos ilegales. El último de los casos de fraudes detectados de envergadura por la Policía Nacional fue el pasado mes de marzo cuando cuatro propietarios fueron sancionados con 20.000 euros por el empadronamiento ilegal en Mallorca de 34 inmigrantes.