El Ayuntamiento de Palma rechaza traducir al castellano un expediente a un policía

El Ayuntamiento de Palma se ha negado a remitir en castellano a un agente de la Policía Local la copia del expediente disciplinario abierto contra él por parte del área de Seguridad Ciudadana liderada por la concejala socialista  Joana Maria Adrover, al considerar que «la lengua materna es el catalán». 

Si bien en Baleares el bilingüismo está reconocido por el propio Estatuto de Autonomía, en la práctica el gobierno de coalición de socialistas, separatistas de Més y populistas de Unidad Podemos del Consistorio palmesano, con el alcalde José Hila al frente, exige a los funcionarios que se dirijan a la ciudadanía siempre en catalán. Lo mismo sucede en la administración autonómica liderada por la socialista Francina Armengol.  

El policía en cuestión había solicitado que toda la documentación del caso, comunicación o notificación, se le remitiera en castellano, lo que implicaba también la tramitación del expediente en esa lengua. Sin embargo, el instructor de la sanción se negó a ello, aunque reconociendo en su respuesta en castellano que no existía inconveniente en hacerlo. 

No obstante, apunta en su contestación, «partimos de la base de que la relación laboral entre la administración y el agente es por ser trabajador del Ayuntamiento de Palma, porque de otra suerte no podría existir expediente disciplinario». 

Desde que la actual coalición de gobierno (PSOE-Unidas Podemos-Més) entró en 2015 en el Consistorio palmesano, el catalán es requisito indispensable para trabajar en la administración.

Por ello, el instructor del expediente justifica su negativa a acceder a esa petición, «teniendo en cuenta que la lengua materna es el catalán» y que, «por norma general, siempre se escribe en catalán». Fundamenta, además, su negativa a hacerlo en que el propio decreto autonómico 49/2018 «ordena que el uso normal sea el catalán» y por ello «ninguno será traducido». Y como colofón a su respuesta remacha: «Todo lo que esté redactado en catalán, no tendrá traducción al castellano».

Una forma de proceder que claramente vulnera los derechos lingüísticos del agente expedientado, al que el propio reglamento de normalización lingüística del Ayuntamiento de Palma reconoce el derecho a recibir la información en castellano, en caso de que así sea solicitado expresamente por cualquier ciudadano.

En este caso no ha sido así, pese al escrito de réplica remitido por el agente expedientado. En su respuesta a la negativa municipal de enviarle la instrucción del caso en castellano, el policía advierte de que se está produciendo una vulneración de un derecho reconocido por dos leyes que han sido infringidas. Por ello, reitera por segunda vez, sin lograrlo, que se le traduzcan los documentos y notifique todo en lengua castellana.