Armengol disparará aún más el precio de la vivienda al imponer nuevos límites al crecimiento urbanístico

La presidenta socialista del Govern balear, Francina Armengol, disparará aún más el precio de la vivienda imponiendo más límites al crecimiento urbanístico, y con medidas como las aprobadas por el Consell de Govern que fijan, por ejemplo, que los planeamientos urbanísticos municipales no puedan delimitar nuevos sectores de suelo urbanizable.

Y no lo podrán hacer, cuando las necesidades reales que existan se puedan resolver con actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, lo que sin duda, provocará un alza aún más desbocada en los precios del mercado inmobiliario que en Baleares son los más altos de toda España.

En concreto, se trata del Decreto Ley 10/2022, de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia urbanística, sobre el que el conseller independentista de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha manifestado que continúa la línea de «viraje en el modelo territorial de Baleares» que contenía el Decreto Ley 9/2020. Un marco legal aquel que, entre otras cuestiones, preservó 51.700 hectáreas, y fijó una moratoria de autorizaciones y licencias de urbanización para los suelos urbanos o urbanizables en los que no se haya actuado en las últimas décadas, que han afectado a nada menos que a 600 hectáreas.

Todo ello ha provocado que en los ocho años que el actual gobierno de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos lleva al frente del Ejecutivo balear, la vivienda haya disparado un 72% su precio, expulsando del mercado inmobiliario de compra venta al grueso de residentes en Baleares que no pueden acceder a la adquisición de una propiedad.

Pero para el Govern de Armengol el objetivo principal de esta nueva normativa no es facilitar el acceso a la vivienda a los baleares, sino continuar desarrollando «un nuevo modelo territorial en que la contención urbanística sea el eje primordial, con lo cual se frena la expansión de la nueva urbanización en suelo rústico y se apuesta por la sostenibilidad y la rehabilitación urbana», sin tener en cuenta las consecuencias de estas propuestas para la población.

En concreto, en los planeamientos urbanísticos generales municipales no se podrán delimitar nuevos sectores de suelo urbanizable, si las necesidades reales pueden ser resueltas con actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana en aquellos municipios, que son la mayoría, donde haya más de un 15% de suelo vacante, o si este tiene una superficie equivalente a la propuesta de nuevo crecimiento en sectores urbanizables.

A ello hay que unir la ampliación de las áreas naturales de especial interés (ANEI) en 145 hectáreas, para incrementar la protección territorial en las áreas naturales como la de Es Trenc donde se da continuidad al Parque Natural y se declara área rural de interés paisajístico (ARIP) 11 hectáreas. También se amplía la protección de Son Gual y Xorrigo y áreas naturales de la Serra de Tramuntana. Así las cosas, en Baleares habrá 170.642 hectáreas protegidas bajo la figura de ANEI, y 26.748 hectáreas bajo la figura de ARIP, para un total de casi 200.000 hectáreas.

Además el nuevo Decreto Ley prevé medidas para reducir el consumo de agua, como el fomento del uso de aguas regeneradas para la limpieza, el mantenimiento de los equipamientos y las infraestructuras municipales, así como el riego de parques y jardines públicos.

Así mismo, las edificaciones en suelo rústico que no estén vinculadas a explotaciones agrarias tendrán que recoger las aguas pluviales de las cubiertas para su reutilización.

La medida recogida en el Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes Balears, con que se establece el límite de una piscina por finca, con una superficie inferior a 35 metros cuadrados y un volumen que no sobrepase los 60 metros cúbicos, se aplicará en todas las Islas Pitiusas y no únicamente en Mallorca y Menorca, como hasta ahora.