Armengol admite mensajes con Koldo pero niega haber mediado para contratar las mascarillas a la trama
Arranca en el Tribunal Supremo el juicio del 'caso Mascarillas' con la lectura de la declaración de la ex presidenta del Govern
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han defendido en el Tribunal Supremo (TS) no haber dado órdenes durante sus mandatos como presidentes de Baleares y Canarias, respectivamente, para comprar mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama.
Con sus testimonios como testigos, remitidos por escrito al Supremo y que han sido leídos por la letrada de la Administración de Justicia en el Salón de Plenos del Alto Tribunal, ha arrancado el juicio este martes en el que Ábalos y Koldo se enfrentan a peticiones de pena de hasta 30 años de cárcel, mientras que para el tercer acusado, el propio Aldama, se piden 7 años, ya que ha reconocido los delitos.
Armengol ha asegurado en su escrito, según lo leído ante el tribunal, que como presidenta del Govern balear durante la pandemia no estaba al tanto de la tramitación de cualquier expediente administrativo y no hizo contrataciones ni indicaciones sobre a quién se debía contratar, «ni en el ámbito sanitario ni en ningún otro».
La ex presidenta ha señalado que, seis años después, no recuerda todas las comunicaciones que tuvo en aquella época y ha dicho que no descarta que entre esas personas «pudiese encontrarse García». «De hecho, con posterioridad, pude saber, como consecuencia de publicaciones del sumario en medios de comunicación, que al parecer me envió algún mensaje a través de la aplicación WhatsApp», ha admitido.
Tras ello, ha querido subrayar que «nunca» habló con Koldo «ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra» y sobre Ábalos ha afirmado igualmente que «nunca» tuvo conversación «sobre ninguna contratación de material sanitario». «Ni él me mencionó la posibilidad de llevarla a cabo y, obviamente, tampoco me hizo referencia a ninguna empresa suministradora de material sanitario», ha añadido.
Y ha apostillado que, por aquellas fechas, las únicas comunicaciones que tuvo con el entonces ministro de Transportes fueron «referidas esencialmente al cierre de puertos y aeropuertos».
Respecto a Aldama, Armengol ha expresado que desconocía su papel y que tampoco «nunca» participó en «conversación alguna sobre la contratación objeto de juicio». «Mientras he sido presidenta de Baleares, nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas. Por tanto, en esta afirmación, incluyo, claro está, a la sociedad Soluciones de Gestión», ha dicho en alusión a la empresa vinculada a Aldama y epicentro de la trama, que cobró 3,7 millones de Baleares por material sanitario.
A ello ha agregado que, como presidenta de Baleares, no recibió ningún tipo de orden o presión para contrataciones. «Así como tampoco tuve conocimiento de que algún cargo público o persona vinculada a la administración recibiese órdenes o presionase para que se comprara a determinados proveedores», ha insistido.
Koldo García anuncia sorpresas
El ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García, ha asegurado este martes que el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama es «tonto» y un «mentiroso». De hecho, ha precisado que a él no le ha dado «jamás nada» y «no hay ninguna prueba que lo demuestre». Por el contrario, ha añadido que él sí va a presentar pruebas que van a «reventar» el juicio.
Koldo ha dicho estar «tranquilo» y, aunque dice que la situación es «complicada», él va a demostrar «las cosas» y lo va a hacer «de verdad» y no con «las fantasías» que han contado otras personas, en referencia a Aldama.
El ex asesor ha llamado «mentiroso» al empresario, asegurando que «se inventa las pruebas». Pero ha advertido de que él sí puede «reventar el juicio» con «otras pruebas» que va a presentar. Dicho esto, ha llamado «tonto» en dos ocasiones a Víctor de Aldama y ha afirmado que la única verdad que ha dicho éste es que «ha estafado no sé cuántos millones a todos los españoles para vivir a costa» de ellos.
«A mí no me ha dado jamás nada», ha exclamado y ha añadido que «no hay ninguna prueba que lo demuestre». Además, Koldo le ha acusado de intentar «justificar un delito con el dinero de todos los españoles mintiendo sobre otras personas que lo único que han hecho es ayudar en lo que han podido».
Por eso, ha insistido en que hay que dejar a la Policía que actúe. «Vamos a demostrar que somos totalmente inocentes», ha exclamado. «Totalmente inocentes, no tenemos nada que ver», ha remachado.
El juicio
El ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sientan en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo desde este martes por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
Tanto Ábalos como Koldo se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre y se declaran inocentes, asegurando en sus escritos de defensa que no cometieron ningún delito.
Pero el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que Ábalos, Koldo y Aldama «convinieron» aprovecharse del cargo del entonces ministro -desde junio de 2018- para «favorecer», «a cambio del correspondiente beneficio económico» de los tres, la contratación con la Administración «en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería» el empresario. Todo ello, a su juicio, con «ánimo de enriquecimiento».
En su escrito de acusación, Anticorrupción remarca que los tres «acordaron la futura comisión de delitos conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando». Y destaca que eran «apoyados de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios» de Transportes como por distintas personas del entorno empresarial de Aldama y por familiares de Koldo.
Al hilo, el fiscal incide en que la presunta organización nació «con innegable vocación de permanencia en el tiempo», ya que «estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partían, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida» de Ábalos y Koldo del Ministerio de Transportes en julio de 2021.
Una «cohesión» que, según Luzón, «no solo se manifestó en la comisión de diferentes delitos, sino también en la facilitación» a Aldama de una «interlocución privilegiada» en sus relaciones con Transportes y «otros departamentos ministeriales», así como con «diferentes administraciones públicas».
La Fiscalía pide en su escrito de acusación 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, interesa el pago de una multa de 3,8 millones de euros.
Para Aldama solicita 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión.
Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años de cárcel para el ex ministro y su ex asesor, mientras que para Aldama solicitan la misma pena que el fiscal.
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