El Supremo condena a prisión a los socialistas Pérez-Sauquillo y de Haro por ayudas ilegales millonarias

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 16/07/2025 19:52
  • Actualizado: 16/07/2025 19:52

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de casación presentados contra la condena a los socialistas Tomás Pérez-Sauquillo, ex presidente de Invercaria, y a Isabel de Haro Aramberri, ex secretaria de Desarrollo Industrial de la Junta de Andalucía. Ambos fueron condenados por la Audiencia de Sevilla a tres años y un día de prisión por prevaricación y malversación en relación con ayudas de 1,5 millones de euros concedidas a Cedes Electria.

La sentencia del Supremo confirma así la responsabilidad penal por la concesión de fondos públicos sin los debidos controles, lo que derivó en un perjuicio económico a la entidad pública Invercaria. También mantiene la condena a los empresarios promotores de Cedes Electria, Federico Mañero Ruiz y Enrique García Chelle, que deberán cumplir un año y medio de cárcel por inducir la malversación. Los cuatro condenados deberán indemnizar conjuntamente con 1.363.281 euros a Inverseed, sociedad sucesora de Invercaria.

El alto tribunal ha concluido que se cometió delito de malversación por la concesión intencionada de préstamos sin garantías ni análisis de viabilidad, lo que supuso una pérdida directa de fondos públicos. Subraya además que la actuación administrativa no fue solo ilegal, sino también «injusta y arbitraria», cumpliendo los requisitos para que se configure el delito de prevaricación administrativa.

Según los hechos probados por la Audiencia de Sevilla, los préstamos a Cedes Electria se concedieron sin procedimiento formal alguno, sin documentación previa y con un plan de negocio que fue incorporado a posteriori, cuando ya se habían efectuado las inversiones. Además, se constató documentalmente el desvío de fondos desde Cedes a otras empresas del entorno de sus socios.

El Supremo señala que existe un concurso medial entre la prevaricación y la malversación, ya que la disposición irregular de fondos fue precedida por una resolución administrativa, dictada por funcionarios públicos, que ordenaba esa cesión de dinero. Con esta decisión, la Sala de lo Penal cierra una nueva pieza del caso Invercaria, uno de los escándalos de corrupción que afectó a la gestión de fondos públicos bajo gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía.