La sombra de la corrupción socialista alcanza también al exalcalde de La Roda de Andalucía (Sevilla)

Cada vez menos municipios y menos políticos se libran de ser alcanzados por la sombra de la corrupción socialista en Andalucía. El último, el ex alcalde de La Roda de Andalucía, Manuel Silva Joya, que será investigado junto a otros altos cargos del PSOE andaluz por su implicación en el caso de ‘La Pará’ de Gines.

Si en la jornada de este martes se conocía la presunta implicación del presidente de la Diputación Provincial de Sevilla y del PSOE de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, las sospechas de corrupción salpican también a otro dilatado elenco de cargos socialistas.

Así, la investigación pone la lupa también sobre el diputado provincial de Hacienda, Manuel González Lora -candidato socialista en Fuentes de Andalucía (Sevilla)- y el responsable de Hacienda y Patrimonio de la Diputación, Manuel Domínguez Jiménez, que lideró el PSOE en el Viso del Alcor (Sevilla) durante años.

El auto emitido por el juez de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, incluye además la citación como investigados del secretario general de la institución, Fernando Fernández-Figueroa; el interventor, Eduardo López; el vicesecretario general, José Luis Rodríguez; y el que fuera jefe de Gabinete de la Presidencia y diputado nacional, el socialista Antonio Pradas.

El juez deberá dilucidar si hubo o no delitos de prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y tráfico de influencias en la organización y gestión de anteriores ediciones del tradicional evento rociero de la ‘Pará’ de la localidad aljarafeña de Gines (Sevilla).

Una feria «sin amparo normativo»

En el auto, emitido el pasado 3 de febrero y recogido por Europa Press, el juez detalla en 41 páginas los entresijos de esta causa en la que ya figuraban como investigados el alcalde de Gines, el socialista Romualdo Garrido; el exprimer edil Manuel Camino (PSOE); nueve ediles o exconcejales del PSOE; el interventor y la secretaria del Ayuntamiento; cuatros ex hermanos mayores de la Hermandad del Rocío de la localidad con responsabilidades desde 2007 a 2017 y dos empresarios encargados de las instalaciones de ‘La Pará’.

Según el juez instructor, desde la creación del citado evento en 2006 hasta 2016, las ediciones anuales de dicha feria agroganadera y de las tradiciones promovida por el Ayuntamiento de Gines habrían sido organizadas y celebradas «sin regulación» ni «instrumento normativo alguno», mediando tan sólo un expediente de «adjudicación directa» de una concesión demanial en favor de la hermandad del Rocío de dicha localidad para tal evento, así como resoluciones o decretos relativos a la aprobación de «gastos y subvenciones» relacionadas con las actividades, pero siempre «sin amparo normativo alguno».

Así, y merced a la investigación policial previa, el juez José Ignacio Vilaplana insiste en la «total ausencia de instrumento jurídico ajustado a Derecho que habilite el uso de suelo público» para el evento o la participación de «particulares» en su organización y desarrollo, en contra del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas o la regulación estatal en materia de contratación administrativa.

Fraccionamiento irregular del dinero

Según el juez, de la investigación se desprende que las carpas, expositores e instalaciones acometidas en suelos municipales para las ediciones de la Pará de Gines objeto de la causa, así como su uso y explotación económica, carecerían de «expediente o título jurídico que las legitime o habilite», además de no contar con «proyectos ni certificaciones técnicas de seguridad», siendo usadas por las empresas Globalia Gestión y Desarrollo y Eventali y por la hermandad del Rocío de Gines, entidad esta última que habría gestionado además el ambigú de restauración del evento, del que forma parte el alcalde socialista, Romualdo Garrido, «en su exclusivo beneficio».

Ello supondría un «incumplimiento de los fines benéficos a los que habrían de destinarse los fondos obtenidos por la hermandad», encabezada entre 2007 y 2017 por los hermanos mayores investigados Alfonso Melo, Agustín Guerra, José María Villadiego y Antonio Palomar.

La empresa Instalaciones Hípicas El Molino, administrada por Francisco Ortega, habría sido además «beneficiaria» de la explotación de los boxes y corraletas de varias ediciones del evento «sin instrumento jurídico alguno», toda vez que no constaría en el Ayuntamiento el cobro de tasas o cánones a las entidades implicadas en la organización y celebración del evento.

La investigación revela además una posible «defraudación de dinero público» en las diferentes ediciones del evento investigadas, por la «desviación al alza» de su presupuesto con cargo a las arcas municipales, pesando «un gran número de facturas sin firma de funcionario municipal», entre otros aspectos, y un supuesto «fraccionamiento irregular» de las contrataciones para dividir las mismas en cuantías de menos de 18.000 euros y evitar el procedimiento de licitación y concurso público.

Facturas «ilícitas y arbitrarias»

En otro apartado, el juez instructor expone que el evento, pese a su carácter «planificable», ha contado con varias subvenciones «excepcionales» de la Diputación de Sevilla, es decir ayudas «directas sin concurrencia ni convocatoria pública», sin que conste respecto a estas ayudas documentación como la delegación de competencias desde la Presidencia de la entidad para la concesión de ayudas directas conforme al reglamento de la institución o una declaración expresa de la Presidencia declarando el carácter excepcional de la subvención, entre otros documentos.

Al entender del juez, la concesión «directa» de tales ayudas es fruto de «la sola voluntad» del presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos.

Además, el juez señala que la Diputación había abonado de manera «ilícita y arbitraria» dos facturas de Eventali relacionadas con la Pará de Gines «emitidas contra el Ayuntamiento» de la localidad en 2013 y 2014, sin «instrumento jurídico que regule» el papel de la Diputación a la hora de encargarse del «abono directo» de tales facturas que correspondían al Consistorio.

En base a ello, la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por el extinto grupo municipal de Imagines, solicitaban que declarasen como investigados el presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos, el secretario general de la misma, el interventor, el jefe de Servicio José Calvo Saiz y los exdiputados socialistas de Hacienda Manuel González Lora y Manuel Domínguez.

El juez, considerando que los mencionados habrían «contribuido al otorgamiento arbitrario de las subvenciones» en cuestión, «con el consiguiente menoscabo de fondos públicos», acuerda que todos ellos declaren como investigados el 19 de marzo, citando para el día 26 de marzo a Manuel Silva por su papel como jefe de Relaciones con los Territorios de la Diputación; al dirigente socialista Antonio Pradas como otrora jefe de gabinete de la Presidencia de la institución; Ángela Ramos como jefa del Servicio del Área de Presidencia y José Luis Rodríguez como vicesecretrario general de la entidad.