Andalucía

La Policía Local se harta de Kichi y obliga a desalojar el Ayuntamiento de Cádiz lanzando botes de humo

José María González ‘Kichi’, alcalde de Cádiz, se ha visto obligado a suspender el Pleno ordinario ante las protestas de la Policía Local a las puertas del Ayuntamiento. Una protestas, que han terminado con el presunto lanzamiento de botes de humo al interior del edificio, motivo por el que han tenido que desalojar el consistorio. Los sindicatos, sin embargo, desmienten que haya entrado algún bote al interior del edificio.

Uno de los botes ha penetrado en el edificio, por lo que el humo se ha extendido por las dependencias consistoriales, ante lo cual el alcalde ha suspendido el Pleno y ha desalojado el edificio. Según ha indicado González, dos concejales, la portavoz del PSOE, Mara Rodríguez y la portavoz del equipo de gobierno, Lorena Garrón, están siendo atendidas en un centro de salud al presentar «mareo y fatiga».

«Hemos sufrido el ataque de la Policía Local y suspendo el Pleno hasta el unes porque no voy a poner en peligro la salud de los trabajadores», ha afirmado el alcalde, que ha manifestado que le parece «legítimas las reivindicaciones, pero el uso de la violencia pierde la razón y más si hablamos de la Policía Local». «Un Policía Local lo es siempre, se esté o no de servicio», ha añadido.

El alcalde ha manifestado su «condena enérgica». «Es algo inconcebible. El fin no justifica los medios y condeno este tipo de actitudes por parte de las personas que tienen que velar por nuestra seguridad. Había una quinta parte, pero de verdad que esta actitud es lamentable», ha insistido el alcalde.

El largo conflicto entre Ayuntamiento y Policía Local lleva un tiempo sin solución, haciendo incluso que por segundo año consecutivo no haya agentes municipales en las playas de la ciudad.

Por su parte, el concejal delegado de Personal y también de Policía Local, Demetrio Quirós, ha vuelto a manifestarse sobre esta problemática, achaca la problemática a diversos factores siempre externos al equipo de gobierno y a un boicot de los sindicatos cuyo problema reduce a lo económico, con una cifra de «700.000 euros para destinar a mejoras salariales» que el Ayuntamiento «no puede destinar en esta situación».