El policía local de Granada detenido por yihadismo sigue de baja laboral por razones psicológicas

El agente de la Policía Local de Granada detenido en marzo en La Zubia en una operación de la Guardia Civil contra el yihadismo continúa de baja laboral mientras la investigación judicial sigue su curso. La Audiencia Nacional decretó su libertad provisional hace casi dos meses con la obligación de comparecer ante el juzgado cada 15 días.

Tras su arresto, la Audiencia también le retiró su permiso para portar armas, su pasaporte y le prohibió salir de territorio nacional. El agente, por su parte, solicitó la baja médica en la Policía Local de Granada por razones psicológicas. El detenido, que está siendo investigado por un delito de autoadoctrinamiento, suma 35 años de servicio y nunca tuvo parte laboral alguno ni bajas por salud mental u otro tipo de problemas.

En su declaración de finales de marzo, el agente negó toda vinculación relacionada con el objeto de su arresto. Aseguró que no practica el islam ni se ha acercado a esta religión y descartó cualquier contacto con entornos yihadistas. No obstante, el policía, Alejandro, se llama Isbin Ben Iscandar desde 2021.

Semanas antes de su detención, tanto su entorno como su familia venían observando indicios de radicalización. El agente, que ya hablaba francés, inglés y portugués, había empezado a estudiar árabe y a consumir vídeos en este idioma. Al parecer, la denuncia de un compañero asegurando que visionaba vídeos yihadistas en su trabajo fue el desencadenante de esta operación que investiga el juzgado nº 1 de la Audiencia Nacional.

El pasado 28 de marzo, la Guardia Civil registró una vivienda en la primera planta de un edificio del Camino de Gójar, en el municipio de La Zubia. En la operación le fueron intervenidos dos teléfonos móviles y una tableta, junto a su arma reglamentaria y una escopeta de caza que tenía todos los permisos en regla. El seguimiento de sus movimientos no lo vinculó con entornos radicales.

El Ayuntamiento de Granada apuntó entonces que quedaba a la espera del transcurso de la investigación de la Audiencia para valorar su retirada o su reincorporación al servicio. Los vecinos explicaron en su día que se trata de un individuo huraño y esquivo y que mantiene diferencias con el resto de los propietarios del bloque.

Según han apuntado fuentes del caso a Europa Press, el detenido sigue de baja laboral por razones psicológicas y no ha vuelto a su puesto de trabajo. En la vista celebrada por videoconferencia ante la Audiencia Nacional el pasado 30 de marzo se dictó que el funcionario debía acudir al juzgado cada 15 días y no podía salir del país. Tras el inicio de estas diligencias, se le retiró también el pasaporte y su permiso para portar armas.