Condenan a dos años de cárcel a un ex trabajador del sindicato UGT Andalucía

El Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al extrabajador de UGT Andalucía acusado de filtrar a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, «información reservada y sensible» de la trama de las «facturas simuladas», por la que el Juzgado de Instrucción número nueve ha incoado juicio oral contra el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical.

En esta sentencia, emitida el pasado 31 de marzo, adelantada por Diario de Sevilla y recogida por Europa Press, el Juzgado de lo Penal número 15 detalla que el acusado, Roberto Alejandro M.C., trabajó en UGT Andalucía desde diciembre de 2008 hasta su despido en el mismo mes de 2012, como administrativo de la central de compras de la organización, encargada de los pedidos, compras, facturación y gestión del gasto.

La sentencia declara como hechos probados que el 7 de noviembre de 2012, poco antes de su despido, durante su horario laboral y usando el ordenador de su puesto de empleo, el trabajador volcó en un dispositivo digital de almacenamiento tipo USB «un total de 22.500 archivos o ficheros informáticos, extraídos del servidor de datos de UGT-A». Posteriormente, y siempre según la sentencia, volcó toda esa información en el ordenador de su domicilio.

Tales ficheros contenían «información reservada y sensible», especialmente «facturas emitidas por diversos proveedores de UGT-A», como las mercantiles Imprenta Pineda, Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar D.M., Siosa, Viajes Macarena o Asesores de Viaje, con «documentación relativa a los denominados ‘rapel’ y ‘botes’, figuras que hacían referencia a determinados porcentajes repercutidos a proveedores y no declarados ante la Administración por el sindicato», así como el «encargo de facturas simuladas».

Juicio

Al respecto, la sentencia recuerda que tales aspectos estaban siendo objeto de investigación por parte del Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla, que recientemente ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Según el juzgado, mediante la práctica de las supuestas facturas falsas, la organización sindical habría defraudado subvenciones públicas por importe de más de 40,75 millones de euros.

En cuanto a la extracción de los citados ficheros del servidor de datos de UGT-A, el Juzgado de lo Penal número 15 determina que «no existe duda de que dicha actuación se efectuó por el acusado, pues consta que en aquéllos momentos se encontraba en su horario laboral y el acceso se produjo con su nombre de usuario».

El acusado, según expone la sentencia, «ha reconocido que era plenamente conocedor de que esas facturas, correos electrónicos y demás documentos a los que había tenido acceso durante el desempeño de sus funciones en la central de compras del sindicato eran absolutamente comprometedoras para las personas a las que hacían referencia, hasta el punto incluso de derivarles responsabilidad criminal, dada la investigación que se estaba llevando a cabo sobre la presunta financiación ilegal del sindicato», a lo que se une su testimonio de que su intención era «denunciar públicamente esos delitos, motivo por el que ofreció dicha información a los medios de comunicación, pero no a la Policía, juzgados o fiscalía, ya que sólo aquéllos le merecían confianza, según sus propias palabras, y para ‘evitar posibles represalias’ de la que considera ‘una organización criminal’».

Denuncias

«El acusado en ningún momento se ha servido de los canales de denuncia que se prevén» por parte de las instituciones, asevera el juzgado, exponiendo que Roberto Alejandro M.C. «facilitó esta información, o al menos parte de ella, a determinados medios de comunicación con el fin de sacarla a la luz».

Dado el caso, el Juzgado de lo Penal le achaca un delito de descubrimiento y revelación de secretos, que según precisa se configura «como un límite a la libertad de expresión y la libertad de información y parece que pudiera entrar en conflicto con la directiva europea 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que busca la protección de los denunciantes».

No obstante, y tras invocar esta directiva el acusado, el Juzgado de lo Penal número 15 especifica que dicha directiva «aún no forma parte propiamente de nuestro derecho interno, pues está pendiente su transposición al derecho nacional», además de que tal directiva «prevé unos concretos canales de denuncia dentro de propia entidad o ante las autoridades competentes», es decir que «busca la protección de los denunciantes que realicen revelaciones públicas, pero exigiendo para ello que la persona haya denunciado primero por canales internos o externos».

Así, el Juzgado condena a este extrabajador de UGT-A a dos años de cárcel por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, señalando que la información filtrada por éste a los medios de comunicación afectaba «directamente a la esfera personal de los individuos que estaban siendo investigados» por el Juzgado de Instrucción número nueve, con la atenuante de dilaciones indebidas, toda vez que la Fiscalía reclamada para él tres años de prisión y UGT-A, como acusación particular, solicitaba cuatro años y que resarciese al sindicato con 60.000 euros por el «daño moral» causado al mismo.