La Guardia Civil ve «trato de favor» en los 8 millones que la Junta socialista dio al hermano de Borbolla

• David García de Lomana @lomanadavid
• Redactor en OKDIARIO Andalucía. Antes en COPE y MARCA Plus.
• • 04/04/2022 17:21
  • Actualizado: 04/04/2022 17:44

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha reanudado este lunes el juicio iniciado el pasado 15 de marzo por las ayudas de la Junta socialista de Andalucía a empresas vinculadas al sector del corcho entre 2001 y 2007 y por importe de 8.408.096,42 euros.

Entre los acusados se encuentra Ángel Rodríguez de la Borbolla -hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE- por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas

El grupo de entidades beneficiadas -Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera- recibieron subvenciones con cargo a la partida presupuestaria 31L del Gobierno andaluz, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.

Durante esta tercera sesión del juicio, ha comparecido como testigo un investigador de la Guardia Civil que ha ratificado el «amplio» atestado de dicho cuerpo con relación a los hechos que se atribuyen a los encartados.

Loas ayudas fueron ejecutadas «prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria», según el juez instructor José Ignacio Vilaplana.

En ese sentido, el investigador del Instituto Armado ha explicado que las «conclusiones» del mencionado informe de la Guardia Civil apuntan a que en las ayudas autonómicas investigadas «subyace un trato de favor hacia empresarios de la Sierra Norte de Sevilla».

Los acusados, recordemos, son Ángel Rodríguez de la Borbolla; el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que solicita para Rodríguez de la Borbolla la pena de siete años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para Rogelio B.M., Fernando Pedro M.O. y Sotero Martín, y cuatro años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para Gerardo C.E., así como el pago de distintas indemnizaciones a favor de la Junta de Andalucía.

Viera y la Sierra Norte

Más al detalle, el investigador de la Guardia Civil ha explicado que entre 2001 y 2004, durante el periodo del socialista José Antonio Viera como consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, dicho departamento de la Junta de Andalucía destinó «reiteradas» ayudas «excepcionales a sociedades vinculadas a la Sierra Norte de Sevilla», perteneciendo el mismo a la agrupación provincial del PSOE sevillano, que llegó a liderar posteriormente.

Viera no figura en el juicio merced al principio «non bis in ídem», según el cual una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, toda vez que este exconsejero figura ya como condenado en la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre el «procedimiento específico» mediante el cual eran canalizados los fondos de la partida presupuestaria 31L de la Junta socialista de Andalucía.

Se trataba de ayudas, según este agente, en las que «el objeto no estaba especificado», que incurrían en aspectos «falsos», sin memoria justificativa, plan de pagos o proyecto de viabilidad y cuya aplicación «no generaba empleo», insistiendo en que estas ayudas se concentraban en la «comarca concreta» de la Sierra Norte de Sevilla.

Los acusados en el juicio, según ha asegurado el investigador del Instituto Armado, «debían conocer ese trato de favor», lo que le ha llevado a exponer que a la hora de declarar, el acusado Ángel Rodríguez de la Borbolla alegó con relación a las ayudas que la Junta de Andalucía no le reclamaba «mayor justificación» sobre el destino final de los fondos.

Al respecto, el guardia civil ha explicado que en toda la comunidad, las subvenciones de la Junta con relación al sector del corcho fueron destinadas «sólo a empresas relacionadas con la Sierra Norte» salvo en un caso, que de todos modos se trataba de una sociedad «que tenía vinculación» con el acusado Ángel Rodríguez de la Borbolla.

El papel de Borbolla

En cuanto al citado encartado, este investigador ha señalado su «papel preponderante» en los hechos investigados, al contar con «participación» societaria en todas las empresas indagadas, figurar como «autorizado» en todas las cuentas bancarias y ser además quien se encargaba del «contacto» con los responsables de la Administración andaluza para las subvenciones cosechadas.

Especialmente, ha señalado las ayudas destinadas a incentivar la fusión entre Cortansa y Corchos de Cazalla, unas subvenciones concedidas «muchas veces» pese a que tales sociedades no se fusionaban y «nunca» llegaron a hacerlo. A juicio de este investigador, se trataría de ayudas «pactadas de antemano» que constituían «más bien una entrega patrimonial de fondos públicos».

Tercer juicio de los ERE

El presente se trata del tercer juicio de la macrocausa de los ERE, después de que la Sección Primera de la Audiencia condenase a 19 de los 21 exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, juzgados por el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiadas los ERE presuntamente fraudulentos y las ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas; y que la Sección Tercera condenase al exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez por las subvenciones a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).

A tal efecto, recordemos que la sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) tiene previsto celebrar los días 4 y 5 de mayo la vista destinada a revisar los recursos de casación interpuestos contra la mencionada sentencia de la Sección Primera de la Audiencia sobre el «procedimiento específico» de financiación de los ERE.