La Guardia Civil reclama a la Diputación de Cádiz cinco contratos de patrocinio de conciertos

La Guardia Civil ha requerido este miércoles a la Diputación Provincial de Cádiz la entrega de cinco expedientes relacionados con contratos públicos de patrocinio de conciertos, en el marco de una investigación judicial que permanece bajo secreto de sumario. La actuación se ha desarrollado en el Edificio Roma, sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la institución provincial, dirigida por el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo.

Según ha informado el propio Beardo en un comunicado, agentes de la Guardia Civil procedentes de Sevilla acudieron a las dependencias para solicitar exclusivamente la documentación relativa a cinco contratos de patrocinio vinculados a Pascual Llopis, empresario de El Puerto de Santa María dedicado a la promoción de conciertos y festivales. El dirigente popular ha precisado que «no ha habido ningún registro» en su despacho y que la institución facilitó toda la información requerida con la «máxima colaboración».

La investigación no se limita a la Diputación de Cádiz. Paralelamente, los agentes han realizado actuaciones en oficinas, establecimientos y otras dependencias relacionadas con el empresario investigado, tanto en El Puerto de Santa María como en la provincia de Sevilla. Entre los negocios inspeccionados figuran locales de hostelería y ocio vinculados a Pascual Llopis, propietario de la conocida discoteca Banana y organizador de diversos eventos musicales en la provincia gaditana.

Fuentes próximas a la investigación señalan que las diligencias están dirigidas por un juzgado de Cádiz y que cuentan con la participación de la Fiscalía Antidroga. El foco de las investigaciones se centra en la relación entre los contratos públicos de patrocinio concedidos para festivales y conciertos y la actividad empresarial del promotor, dentro de una investigación sobre un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico. Hasta el momento no han trascendido imputaciones contra responsables políticos y la causa continúa bajo secreto.

El portavoz del Gobierno provincial, Juancho Ortiz, confirmó que los agentes solicitaron la documentación sobre determinados expedientes de patrocinio y destacó que tanto los funcionarios como la propia Diputación colaboraron plenamente con la investigación.

La Diputación de Cádiz mantiene desde hace años una política de patrocinio económico a festivales y grandes conciertos como herramienta para promocionar el turismo y la actividad cultural de la provincia. Destinan cientos de miles de euros a este tipo de eventos mediante contratos privados de patrocinio. Precisamente, algunos de esos expedientes son ahora objeto de la investigación judicial que desarrolla la Guardia Civil.