Fiscalía pide que declare el empleado del restaurante de Sevilla increpado por el socialista Cabrera

La Fiscalía insiste en que testifique el empleado del Princi.Pico presuntamente increpado por el teniente alcalde y concejal de Gobernación del ayuntamiento hispalense, el socialista Juan Carlos Cabrera, investigado por el Juzgado de Instrucción nº 13 de Sevilla a raíz del incidente y posterior altercado en el restaurante de la capital el pasado 6 de enero.

El local, recordemos, denegó una mesa de diez comensales al edil, tras lo que éste requirió un dispositivo policial alegando «exceso de aforo y ausencia de medidas de seguridad» en el citado establecimiento, a pesar de que la Policía concluyó que estaba «todo en orden» y no se percibió «ninguna zona masificada». El dueño del restaurante detalló en su declaración que la inspección se prolongó durante más de cuatro horas.

Vox Sevilla denunció los hechos y el juez investiga si Cabrera incurrió en un delito de prevaricación y abuso de poder, además de los delitos de odio y desorden público. El socialista se habría dirigido presuntamente a uno de los empleados en términos peyorativos y racistas («¿pero tú sabes quién soy yo, machupichu?»).

Ahora, el Ministerio Fiscal ha insistido al juez en la idoneidad de que testifique el empleado que «recibió el apelativo». Además, en el escrito se solicita la prórroga del plazo de instrucción del asunto durante seis meses más.

Detalles del suceso

En un escrito formalizado ante el juzgado el pasado 24 de noviembre y recogido por Europa Press, el Ministerio Público expone que como ya interesó en un escrito previo de fecha 2 de marzo de 2021, «procede recibir declaración en calidad de testigos a los trabajadores que prestaron sus servicios el día de autos», toda vez que «habiendo declarado ya el administrador único» del restaurante, «quedaría por oír» al empleado que «recibió el apelativo»; así como «la prórroga de la causa por seis meses más».

Dicho escrito de la Fiscalía surge después de que el pasado mes de septiembre, el juzgado tomase declaración como testigo al dueño del citado establecimiento hostelero sin que asistiese la Fiscalía, derivando la comparecencia de una petición de la acusación ejercida por Vox.

Durante su declaración, el responsable del establecimiento habría relatado que a cuenta del incidente -derivado de que a la familia de Cabrera le fuese denegada una mesa para diez personas-, Juan Carlos Cabrera se habría identificado como concejal del Ayuntamiento, algo que según habría asegurado el empresario desconocía él cuando comenzaron a hablar.

Frente al informe del superintendente de la Policía Local, que defiende que la actuación policial en el restaurante respondió a «la normalidad en este tipo de intervenciones», el dueño del negocio habría testificado que el despliegue se habría prolongado durante «más de cuatro horas», según las fuentes consultadas, defendiendo que el establecimiento cumplía las medidas de prevención frente a la pandemia y que actualmente no afronta sanción alguna en la materia.

Además, habría identificado a uno de los camareros del negocio que figuraría en un vídeo aportado por Vox como el trabajador que atendió a Cabrera y a su familia.

En las diligencias pesa un informe firmado por el superintendente jefe de la Policía Local y recogido por Europa Press, en el que dicho mando policial precisa que la movilización de sus efectivos por este asunto derivó de «una activación por parte de Emergencias 112 de Andalucía» que fue «complementada con información posterior» del concejal de Gobernación. Todo ello en «una de las diferentes conversaciones telefónicas» mantenidas ese día entre el citado edil y este responsable policial con motivo del incendio declarado la noche antes en un geriátrico «y otros aspectos».

«Exceso de aforo» y sin «seguridad»

El citado mando policial especifica que por razones de servicio, mantiene «muchas conversaciones» a diario con el edil de Gobernación y ese día esas «conversaciones aumentaron» a cuenta de los aspectos posteriores al mencionado incendio, «uno de los sucesos más graves en los últimos años en la ciudad».

En el documento, el superintendente jefe de la Policía Local explica que habría sido a las 14:44 horas del 6 de enero cuando el 112 habría recibido la mencionada llamada inicial alertando de un «exceso de aforo y ausencia de medidas de seguridad» en el citado restaurante, toda vez que sobre las 14:30 horas, según este mando policial, en una de las citadas conversaciones telefónicas el concejal le había «relatado» ya el incidente en un momento en el que el mismo estaba ya «fuera del establecimiento» y marchándose a otro lugar.

Dicho incidente, recordémoslo, consistió en una discusión al negar los responsables del restaurante al edil y a sus familiares una mesa para diez personas. Cabe mencionar que dicha jornada festiva sí estaba permitido tal número de comensales a la mesa merced a las medidas de la Junta de Andalucía en el marco de la pandemia.

Despliegue policial

Fue tras «comentar lo ocurrido» el superintendente jefe de la Policía Local a un intendente, cuando «se decide enviar a un patrullero y a un subinspector», una «decisión ni promovida ni sugerida» por Cabrera, pesando un informe de un agente dando cuenta de su movilización para este incidente a las 14:30 horas. Después, según el jefe de la Policía Local, fue detectado que había un requerimiento del 112 «aún sin aceptar o recepcionar» sobre dicha situación, siendo finalmente aceptada la generación del «suceso» en términos operativos y comenzando la inspección a las 15:20 horas.

Con tales aspectos sobre la mesa, el mencionado mando de la Policía Local concluye que «el motivo por el que acude la Policía Local» al restaurante «fue el aviso recibido del 112, al que se incorporó la información» que Cabrera «había ofrecido» al superintendente jefe de la Policía Local.

Señalando que merced a las gestiones del 112 consta una «anotación de la Policía Nacional» sobre el envío de dos patrulleros al restaurante a cuenta de la llamada de alerta, el citado responsable de la Policía Local indica que «con toda probabilidad» los agentes de la Policía Nacional llegaron antes que los de la Policía Local, sin que coincidiesen los efectivos de tales cuerpos.

4 horas de inspección

Así, el citado mando resume que la intervención de la Policía Local se desarrolló «dentro de la normalidad en este tipo de intervenciones», sin «más dotaciones que las contempladas en la práctica diaria», teniendo en cuenta que «las unidades de apoyo «se entienden dentro del protocolo de autoprotección policial».

Además, la actuación se prolongó «lo estrictamente necesario», implicando «algo más de tiempo por una cuestión de entrega de documentación del local, práctica normal», extremo que contrasta con las más de cuatro horas de inspección que detalló el dueño del restaurante.

En cualquier caso, el superintendente jefe de la Policía Local asegura que «ninguna de las actuaciones vino promovida, dirigida o sugerida» por Cabrera, que es «absolutamente ajeno a las mismas y declinó formular denuncia».

Vox considera que el asunto implica presuntos delitos de coacciones, abuso de autoridad, prevaricación, de odio y de desorden público al considerar que el edil Cabrera «utilizó su posición de delegado de Gobernación para montar un dispositivo en el citado restaurante», mientras el PSOE achaca a este partido una «cacería política».