La Fiscalía investiga la fiesta del club marroquí de Torremolinos que prohibía la entrada a «maricones»

La Fiscalía de Málaga ha iniciado unas diligencias de investigación en relación con la fiesta privada que un club marroquí anunciaba en un local de Torremolinos (Málaga) en la que se prohibía la entrada a «maricones», según han confirmado este lunes fuente judiciales.

La Fiscalía investiga al club convocante del evento por un posible delito de denegación de prestaciones (artículo 512 del Código Penal) y otro posible delito de lesión de la dignidad del colectivo LGTBI. El Ministerio Público está pendiente de si se van a presentar denuncias por parte de otros colectivos. También está en contacto con la Policía Nacional, que está investigando los hechos, denunciados días atrás por la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP).

La polémica saltó la semana pasada en redes sociales: Casa Fátima Ino, autodenominado «Luxury Moroccan Club» (club marroquí de lujo), anunciaba un evento para este sábado 18 de enero. Los asistentes debían cumplir cinco normas: «No peleas, no drogas, no gorras, no chanclas, no maricones», rezaba el cartel. La dirección, además, se reservaba el «derecho de acceso».

Tras la polémica, la alcaldesa ha presentado otra denuncia después de recibir insultos a través de mensajes privados en su cuenta de Instagram. Los promotores de la fiesta le llamaron «puta» y le acusaron de apoyar «a maricones, transexuales y enfermos».

El Ayuntamiento de Torremolinos ha precisado que la localidad no cuenta con «ningún local» que vaya a abrir y que impida la entrada al colectivo LGTBI y, además, ha apuntado que «no existía ningún tipo de trámite administrativo al respecto».

A través de los propios promotores han conocido además que «pensaban alquilar un local en la calle Cruz y organizar una fiesta, lo que administrativamente se denomina actividad ocasional, para la que tampoco habían solicitado nada al Ayuntamiento». «Los mismos promotores desistieron de organizar la fiesta en Torremolinos el viernes, afirmando que buscarían otra ubicación en otra ciudad», señalan las citadas fuentes.

Además del gobierno municipal, La Junta de Andalucía inició actuaciones para abrir un expediente sancionador por infracción a los derechos de las personas LGTBI contra los responsables de la fiesta. Asimismo, Facua Andalucía denunció estos hechos ante la Fiscalía de Málaga «por incurrir en un posible delito de odio» al difundir un cartel que hace gala de su «intolerancia contra un determinado grupo de personas basándose únicamente en su orientación sexual, fomentando públicamente un trato discriminatorio».