Declara ante el juez otro ex alcalde socialista en Andalucía: «No intercedí en nada»

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 10/09/2024 15:46
  • Actualizado: 10/09/2024 15:46

El paseo de alcaldes y altos cargos del PSOE por los juzgados andaluces se retoma una vez finalizado el verano. Y es que a las más de 100 causas pendientes que atesoran los juzgados de Andalucía por casos relacionados con los ERE hay que sumar las decenas de denuncias admitidas a trámite contra alcaldes socialistas andaluces. El último en declarar ha sido, este martes, Antonio Manuel Suárez, ex alcalde socialista de Valencina de la Concepción (Sevilla), quien está acusado de presuntos delitos de prevaricación omisiva por su supuesta «permisividad» ante una nave ilegal que además fue utilizada como restaurante asador «sin licencia urbanística ni de actividad», cuya propiedad era del hermano de un concejal del PSOE en el Ayuntamiento.

Así, el ex alcalde socialista ha negado haberse beneficiado de estos hechos durante su comparecencia como acusado en este juicio, que gira en torno a una nave en un terreno de Valencina calificado como suelo no urbanizable de especial protección, que además figuraba en las casi 780 hectáreas de los términos municipales de esta localidad y de Castilleja de Guzmán, protegidas como Zona Arqueológica, a cuenta de los múltiples vestigios prehistóricos localizados en esta zona de la comarca del Aljarafe.

Las obras, promovidas por el hermano de un varón que fuera edil del Consistorio entre 2004 y 2011, habrían comenzado antes de que el inculpado desembarcase en 2007 en la Alcaldía de Valencina, año en el que el Ayuntamiento declaró ilegalizables los trabajos y denegó toda licencia urbanística.

El ex primer edil ha afrontado así preguntas de la fiscal del caso, que le atribuye dos resoluciones de Alcaldía de julio de 2012, declarando que el promotor de las obras y hermano de un ex edil había «cumplido las obligaciones de restauración» del suelo en el marco de un expediente de reposición de la legalidad de 2008 y «permitiendo que la nave ilegal se mantuviese como nave de aperos».

Restaurante asador

Pero según el Ministerio Público, el responsable de la nave no habría «asumido el destino agrícola, ya que agentes de la Policía Local pudieron comprobar el 3 de junio de 2013 que el edificio se utilizaba como restaurante asador», lo que corroboraron en «inspecciones de julio y agosto», tras las cuales «comunicaron a la Alcaldía que había gran afluencia de personas y vehículos» a la citada nave.

Al respecto, la fiscal, que pide para él dos años de prisión por dos delitos de prevaricación omisiva por su «permisividad» ante tales hechos y una multa de 3.600 euros; le ha reprochado que ya en septiembre de 2013, la Policía Local le comunicó de nuevo como alcalde que se estaban llevando a cabo «nuevas obras de construcción» en la nave; si bien él ha alegado que «en ningún momento» supo de que habían sido detectadas «obras nuevas» en la parcela y que él había ordenado la suspensión de la actividad del negocio hostelero y el precinto del mismo; especificando Suárez que los informes policiales son dirigidos «a la Alcaldía» como departamento institucional del Ayuntamiento. Según ha insistido, él nunca tuvo «informes» sobre las mencionadas nuevas obras en la finca y sobre la continuidad de la actividad hostelera sin licencia.

Tras exponer la fiscal del caso las preguntas de la oposición en el pleno sobre la situación de dicho negocio, especialmente por las «nuevas obras» y la continuidad de la actividad hostelera, el ex primer edil ha asegurado que los concejales contaban con acceso a los expedientes y decretos de Alcaldía, con lo que ante las «alertas» señaladas por la representante del ministerio público, él ha asegurado siempre que no le constaban tales extremos y que merced al primer informe policial de junio de 2013 habría ordenado la suspensión y precinto de la actividad.

La representante del Ministerio Público ha recordado la actuación de la Fiscalía de Medio Ambiente, que solicitó información al alcalde, quien siempre presuntamente, allá por diciembre de 2013 comunicó al fiscal «que las únicas obras de las que tenía conocimiento eran las que habían dado lugar al expediente de 2008, finalizado con la presunta reposición del suelo», con lo que el entonces primer edil «silenció todo lo relativo a la nueva denuncia recibida, lo que derivó en el archivo de las diligencias preprocesales», según la Fiscalía.

Arquitecto

Al punto, el exalcalde ha defendido que fue «el arquitecto municipal» quien «respondió a la Fiscalía». «Yo no intercedí en nada en el informe del arquitecto», ha alegado mientras la fiscal le ha recriminado ser «corresponsable» del asunto al haber conocido supuestamente el informe, que suponía «una contradicción» con relación a los avisos de la Policía Local sobre la «nueva obra» y la continuidad de la actividad hostelera.

Según la acusación pública, el entonces alcalde no llegó a materializar «ningún precinto», dando cuenta de que el asunto incluso fue abordado varias veces en el pleno y que Suárez era «perfecto conocedor de la actividad desarrollada desde 2008» en la citada nave ilegal.

Pero el ex primer edil, a preguntas de su abogado defensor, ha aseverado que una vez recibió en junio de 2013 el «primer informe» sobre el asunto, actuó «inmediatamente» ordenando «el cese de la actividad», extremo que según la Fiscalía no fue materializado; si bien él ha esgrimido el expediente de 2008 de reposición de la legalidad en la finca, completado según ha destacado con informe al respecto del propio arquitecto municipal.

A comienzos de marzo de 2023, recordémoslo, Antonio Manuel Suárez anunciaba que no repetiría como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de aquel año, alegando motivos de salud y asegurando que su decisión no tenía «nada que ver» con la decisión previa de abrir juicio en su contra por estos presuntos hechos.