Ciudadanos Andalucía transfirió al partido en 2021 más de un millón de euros de dinero público

El grupo parlamentario de Ciudadanos Andalucía transfirió en 2021 más de un millón de euros a su partido, unas «donaciones» de dinero público que, sumadas a las que recibían de la mayoría de los diputados y demás cargos públicos -pagos mensuales del ocho por ciento de los sueldos de cada uno de ellos-, suman una importante cantidad económica, que sirvió, y aún sirve, para mantener los sueldos de los gestores del partido naranja.

La aportación al partido del grupo parlamentario Ciudadanos Andalucía viene recogida en el registro de cuentas del Portal de Transparencia del Parlamento andaluz, donde se especifican estas donaciones en el apartado de «otros gastos». Estos cobros, que suponen la mayoría del presupuesto del Grupo Parlamentario, no son ilegales, ya que los partidos políticos que utilizan esta misma modalidad de recepción de las ayudas en las cuentas del partido, también propia del PSOE y de Podemos, se justifican con servicios ofrecidos a los grupos parlamentarios.

Es decir, el partido cobra a su grupo parlamentario por formaciones, asesoría y otros conceptos que, supuestamente prestan. Antiguos diputados de la formación liberal confirman a OKDIARIO Andalucía que «no se prestó ningún tipo de servicio que justificara que de las arcas del grupo saliera tanta cantidad de dinero, cantidad que, sobre todo, empezó a aumentar sin explicación desde principios de 2020». «No sabíamos para qué usaban ese dinero ni con qué fin. Sólo nos daban órdenes de arriba», subraya otro antiguo representante de la formación en la región.

Este tipo de subvenciones son fiscalizadas por el Parlamento Andaluz. En este caso, sin embargo, no responden, como el resto de cobros recibidos, a ninguna vigilancia específica sobre el uso concreto de fondos que, en la práctica, se convierten en la principal fuente de ingreso de los partidos, que se sustentan del presupuesto destinado a los grupos parlamentarios.

A pesar de que los liberales llegaron con un proyecto que pretendía alejarse de las formas de actuar de los que, ellos mismos, llamaban viejos partidos, no tardaron mucho en construir fórmulas «para poder mantener el sueldo de la Presidenta y de algunos cargos orgánicos», nos cuentan fuentes actuales de la organización. Para ello, en la carta de asignación del cargo público (concejales, diputados nacionales y diputados autonómicos) incluyeron una «promesa» o pacto, ya que la ley no ampara la obligatoriedad de los mismos, a la que denominaron «carta ética», en la que los cargos se comprometían a realizar estas aportaciones al partido.

Algunos representantes llegaron a acuerdo con la Ejecutiva nacional para no realizar los pagos. En otras ocasiones, el partido llamaba a diputados y concejales para recordarles el pago, llegando a recibir amenazas si no recibían la cuantía estipulada: la frase era «la Presidenta y Cuadrado tomarán medidas». Una medida coercitiva a la que se le denominó internamente «el impuesto revolucionario».

Fue, por ejemplo, el que obligaron a pagar al ex diputado y senador de la formación Fran Carrillo para poder presentarse a las primarias que le enfrentaron a Juan Marín, el candidato de Arrimadas y Guillermo Díaz, que representó a Ciudadanos en las elecciones autonómicas que confirmaron la desaparición de la formación del Parlamento, así como a otros compañeros de escaño, para poder votar en las mismas.

En ese momento se destapó que «no había transparencia interna y nadie sabía quién pagaba y quién no», alimentando las sospechas de que las personas cercanas al círculo de poder de Arrimadas, incluyendo a la propia Inés, estaban exentos de pagar lo que obligaban a otros a abonar. «Era una discriminación vergonzante de un partido dirigido de manera caciquil y sin rumbo», concluyen fuentes de la actual Ejecutiva nacional, críticos con la dirección y el liderazgo de la jerezana.

Recordemos que dicho «impuesto revolucionario» abrió la caja de pandora de los liberales en el seno de la formación andaluza. De un lado, los afines a Juan Marín defendían que abonaban las cuotas e hicieron una campaña, con hashtag incluido, afirmando que ellos pagaban a gusto dicho impuesto. Hoy, la mayoría de ellos, entonces defensores de los métodos de Ciudadanos, han abandonado las filas del partido.

La propia dirección nacional afirmó en reuniones internas que el propio Marín jamás abonó ninguna de ellas, porque estaba exento de las mismas, por un preacuerdo al que llegaron antes de su nombramiento como Vicepresidente de la Junta de Andalucía. Un antiguo trabajador del grupo parlamentario nos contaba hace pocos días en los alrededores del antiguo Hospital de las Cinco Llagas que «muchos diputados defendieron que parte del superávit que tenía la formación en la cámara se destinara a adecentar los sueldos de los trabajadores del staff, ínfimos en muchos casos, pero la dirección nacional, por orden de Inés y Cuadrado, impidieron ese hecho». Ahora, ya se sabe cuánto dinero salió rumbo a las arcas de la madrileña calle de Alcalá 253.

En los últimos meses, el partido, que en Andalucía dirige Guillermo Díaz por delegación de Inés Arrimadas, está intentando acaparar las portavocías de las diputaciones y ayuntamientos que aún sostienen económicamente a la formación. Tras las presiones diarias que han culminado en el cambio de portavoces críticos por afines, según informaron a OK Diario hace unos meses, se esconde la necesidad de controlar el dinero que llega a las formaciones municipales, antes de que en los próximos comicios de mayo, Ciudadanos pueda desaparecer completamente del panorama político andaluz, antesala de lo nacional.