La Audiencia Nacional procesa al marido de la alcaldesa de Marbella por organización criminal y blanqueo

La Audiencia Nacional (AN) ha procesado a Lars Gunnar Broberg, marido de la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal en el marco de una supuesta red liderada por ciudadanos suecos que habrían exportado desde España grandes cantidades de estupefacientes hacia los países nórdicos, especialmente a Suecia. También achaca al hijastro de Ángeles Muñoz liderar parte de la organización y comprar datos restringidos a un policía local de Marbella.

Así las cosas, el juez de la AN Manuel García Castellón requiere a Lars Gunnar que preste una fianza de 25 millones de euros para asegurar las responsabilidades que pudieran surgir de esta causa, advirtiéndole de que si no lo hace en plazo ordenará el embargo de sus bienes en cuantía suficiente para cubrir esa cantidad.

Para el juez instructor existen indicios que acreditarían que Lars Gunnar, de origen sueco y 79 años de edad, participó «activamente» en esta supuesta organización criminal. Fue detenido en febrero de 2021, pero quedó entonces en libertad provisional sin medidas cautelares y no tiene antecedentes penales en España.

En el auto de procesamiento, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 procesa a 32 personas y cita a Lars Gunnar y a su hijo a declarar de forma indagatoria el próximo 17 de noviembre, a partir de las 10:00 horas y por videoconferencia, desde los juzgados de instrucción de Marbella, al ser la sede judicial más cercana a sus domicilios.

Tras la investigación, el juez de la AN ha concluido «en grado de seria probabilidad» que esta organización habría traficado con droga para «obtener grandes y rápidos beneficios», habría blanqueado dinero y lo habría ocultado en terceros países y «paraísos fiscales» a través de testaferros o utilizando «instrumentos jurídicos legales para crear estructuras económicas o comerciales».

Liderada por ciudadanos de nacionalidad sueca asentados en España junto a miembros de nacionalidad alemana y polaca, la organización se habría dedicado al narcotráfico, principalmente de hachís y marihuana, que habrían exportado desde España en grandes cantidades.

7,3 millones blanqueados

Según García Castellón, la estructura de la organización criminal investigada estaría compuesta por «distintos grupos o ramas, existiendo múltiples nexos entre sus miembros (…), si bien, aunque en ocasiones trabajen juntos o colaboren, es habitual que sus actividades las realicen de forma independiente», puntualiza.

Y sitúa a Lars dentro del grupo dirigido por Joakim Broberg, su hijo. Su centro de operaciones sería una oficina que consta como domicilio social también de empresas de su padre, un espacio que sería usado como «tapadera para distintos negocios inmobiliarios».

La cantidad de dinero blanqueada por padre e hijo ascendería a 7,3 millones de euros, mediante el uso de sociedades pantalla para operaciones como la compraventa o construcción de casas, o la venta de oro y piedras preciosas a cambio de dinero en bancos extranjeros.

En este contexto, padre, hijo y un socio habrían acordado en el verano de 2019 crear una empresa con la que «poder facturar e introducir así los fondos ilícitos en el circuito lícito».

Compra de un policía local de Marbella

Por las mismas fechas, Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa marbellí y al que se le añade un delito contra la salud pública, habría montado otra sociedad para las operaciones inmobiliarias opacas «con el conocimiento y supervisión de su padre».

Entre la treintena de procesados se encuentra un policía local de Marbella al que se le imputa haber facilitado información restringida de uso exclusivamente policial al hijo de Lars «a cambio de dinero en efectivo», de acuerdo con el auto de procesamiento.

«Para facilitar» la «ocultación del origen de los fondos», Joakim Broberg estaría rodeado de «verdaderos especialistas en operaciones financieras» y en la utilización de «paraísos fiscales», según el juez instructor, que apunta a que tendría varias nacionalidades, haría «constantes viajes» a Suiza, recibiría dinero desde Montenegro y realizaría transacciones económicas con Estados Unidos.

En el auto, del 29 de septiembre, el juez ratifica la libertad provisional también para Joakim y le impone 27 millones de fianza.