La Audiencia de Granada suspende la pena de cárcel a Juana Rivas
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La Audiencia de Granada ha estimado el recurso interpuesto por Juana Rivas y ha acordado este miércoles suspender su pena de prisión por un plazo de tres años con la condición de que participe en programas de parentalidad positiva. El incumplimiento de la misma, así como la comisión de un nuevo delito durante el citado plazo, podrá dar lugar a la revocación del beneficio.
Desde finales del pasado diciembre, Juana Rivas cumple pena en su domicilio con un brazalete de control telemático. Aún le queda aproximadamente medio año de condena. Cabe recordar que el Gobierno concedió el indulto parcial a esta madre de Maracena (Granada) tras ser condenada a dos años y seis meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017.
Su defensa solicitó la suspensión de la pena el 18 de noviembre de 2021, después de que el Gobierno rebajara su condena a la mitad. El Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada denegó la petición el pasado 9 de diciembre y la defensa de la madre granadina decidió recurrir.
El auto de la Sección Primera de la Audiencia de Granada, consultado por Europa Press, indica que para acordar esta suspensión se ha tenido en cuenta que tanto la acusación pública como la particular han estado conformes con la concesión del beneficio de la suspensión. Además, prosigue el auto, no existen responsabilidades civiles que pagar, «careciendo la apelante de otros antecedentes, y no apreciándose que la ejecución de la pena resulte necesaria para evitar la comisión por la penada de nuevos delitos».
La suspensión de la pena está condicionada a la obligación adicional, solicitada por la acusación particular, de participar en programas de parentalidad positiva, imposición que guarda relación directa con el delito.
La resolución explica que «se establece tal obligación también en interés superior de los menores, propios hijos de la apelante, debiendo ir dirigida la actuación de los poderes públicos a la consecución de tal interés superior». Tal obligación, además, «se considera necesaria para evitar la comisión de nuevos delitos por la recurrente, al menos en relación con sus propios hijos, no resultando la obligación ni excesiva ni desproporcionada».
Por su parte, el italiano Francesco Arcuri, padre de los hijos de Juana Rivas, ha solicitado al Tribunal Supremo que anule el indulto concedido a su expareja al entender que fue arbitrario porque se adoptó «a pesar de las irregularidades manifiestas del expediente», además de concederse de forma «exprés» y «muy por debajo de la media de resolución, que se halla en ocho meses».
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