Andalucía ofrecerá la Renta Mínima a los excluidos del Ingreso Vital 

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado este jueves que la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía se dedicará «a complementar» la cobertura que ofrezca el Ingreso Mínimo Vital en materias como «la pobreza infantil, las familias monoparentales, los programas de inserción laboral, y a todos los colectivos que se han quedado fuera del Ingreso Mínimo Vital».

Ruiz ha respondido una pregunta en el Pleno del Parlamento de Andaucía del parlamentario de Adelante Andalucía, Nacho Molina, quien ha advertido a la consejera de Igualdad de que el 15 de septiembre caduca el carácter retroactivo para que los demandantes perciban el Ingreso Mínimo Vital y ante una previsible «avalancha de solicitudes» ha propuesto que «profesionales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la orientación pueda ser personal de apoyo a la tramitación» de la prestación estatal, que se percibirá con carácter retroactivo desde el 1 de junio.

«El Ingreso Mínimo Vital ha generado expectativas, aunque tiene límites, y no va a llegar a todas las familias», ha sostenido Molina, quien ha apelado además a la brecha digital para argumentar la necesidad de reforzar la atención administrativa presencial a los ciudadanos.

Ruiz ha sostenido «el compromiso incuestionable» de la Junta con la Renta Mínima de Inserción Social, para lo que ha esgrimido que los perceptores en junio han sido 20.019 familias, «cuando en todo 2018 fueron 17.000 familias». «Para que se dé cuenta del esfuerzo», ha afirmado la consejera de Igualdad, quien ha añadido el dato de que la dotación presupuestaria pasó de 12 millones a 57 millones.

La consejera de Igualdad ha asegurado que «recogemos su propuesta», para lo que ha demandado que plantee «estas propuestas a través de su grupo en el Congreso» y ha abierto la puerta a la colaboración entre las administraciones, como ha asegurado pone de manifiesto el Ingreso Mínimo Vital, que contempla los convenios interadministraciones y se ha mostrado partidaria de compartir «ficheros con el Estado para poder cruzarlos con los nuestros».

Ruiz ha reconocido que el colapso en los servicios administrativos para la tramitación de solicitudes de prestaciones es extensivo a «los Servicios Sociales Comunitarios», para lo que ha demandado como «imprescindible un aumento de la financiación del Estado».