Andalucía niega a Bruselas que vaya a haber amnistías para infractores y asegura que «Doñana no se toca»

La Junta de Andalucía ha respondido oficialmente a las advertencias de la Unión Europea tras la tramitación de una proposición de ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana. A través de esta misiva, a la que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, el Ejecutivo de Juanma Moreno advierte de que, al contrario de lo que intentan deslizar desde el PSOE, no se plantea amnistía alguna para los infractores que hayan obtenido agua ilegalmente y recuerda que desde el año 2019 se han multiplicado por cuatro los expedientes sancionadores.

En un informe enviado por el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta, José Enrique Borrallo, el Ejecutivo de Juanma Moreno recuerda que con esta iniciativa del PP y Vox el acuífero de Doñana «ni se toca ni se afecta».

La misiva es una respuesta a la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, en la que ella advertía de los posibles incumplimientos a la condena del Tribunal de Justicia de la UE que, en junio de 2021, condenó a España por no proteger el acuífero de Doñana.

En el informe de la Junta, fechado el 18 de abril, se recuerda que esa iniciativa está todavía en fase de tramitación parlamentaria, en la que se podrán presentar enmiendas, y que «la mera tramitación no implica de manera directa ni indirecta ninguna afección al cumplimiento de la sentencia».

Según Borrallo, el cumplimiento de esa sentencia es «un compromiso ineludible para el Gobierno andaluz» que además está elaborando un estudio para constatar el grado de afección de las extracciones de agua sobre los hábitats protegidos de Doñana: «Desde la Junta de Andalucía se están llevando a cabo dos líneas de trabajo complementarias a las de la Administración General del Estado consistentes en la elaboración de un estudio para constatar el grado de afección de las extracciones de aguas sobre los hábitats protegidos situados en la zona protegida ‘Doñana’; además de la creación de un grupo de trabajo científico-técnico para definir las relaciones entre la hidrología (superficial y subterránea) y la ecología de Doñana. Todo esto permitirá completar el trabajo que ya se ha desarrollado por la Comisión de Agua del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana sobre las líneas de trabajo sobre las aguas subterráneas y las aguas superficiales que deberían de abordarse en el Espacio Natural».

Insiste en los argumentos que vienen dando los responsables de la Junta de Andalucía de que la modificación del plan de ordenación del territorio de la corona norte de Doñana «no conlleva de ninguna de las maneras el otorgamiento de la concesión de agua para poder ejercer el regadío en la zona». En este sentido, recuerdan, «con respecto al cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, la reciente aprobación del Plan Hidrológico del Guadalquivir del tercer ciclo 2021-2027 por parte del Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Reino de España ha adoptado como solución a los problemas hídricos de Doñana la alternativa posibilista de todas las posibles en la evaluación ambiental estratégica del Plan. En cualquier caso, existen medidas adicionales que podrían ayudar al cumplimiento de la Sentencia de una manera más ambiciosa, permitiendo compatibilizar un desarrollo económico sostenible con la conservación de la Red Natura 2000 del Parque Nacional, garantizando alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua que afectan a Doñana».

Por otra parte, señala que entre las medidas que ayudarían al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo está el trasvase de agua de la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras, lo que permitiría la sustitución de aguas subterráneas por superficiales, una competencia del Gobierno central.

La Junta se ofrece a organizar una visita de técnicos dela Comisión Europea a la zona y adjunta una carta del presidente andaluz, Juanma Moreno, a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que pide la creación de una comisión bilateral para tratar este asunto.

A continuación, pueden leer la carta enviada por la Junta de Andalucía: