Andalucía, a la cabeza en financiación de las universidades públicas en PIB y en esfuerzo presupuestario

Andalucía se posiciona como una de las comunidades más comprometidas con la educación pública, ubicándose en el segundo puesto tanto en el porcentaje de su PIB destinado a financiar el sistema universitario como en el esfuerzo presupuestario relativo a la inversión en este sector.

Según datos del INE y del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) correspondientes a 2022, la comunidad invierte el 0,86% de su PIB en el sistema público universitario. Este dato coloca a Andalucía apenas unas décimas por detrás de Castilla La Mancha, que lidera con un 0,91%, y muy por encima del promedio nacional, del 0,55%. Además, en términos del porcentaje que estos fondos representan frente al presupuesto general de la comunidad, Andalucía alcanza un 4,45%, situándose solo por detrás de la Comunidad de Madrid, que se ubica en el 5,20%, y superando a otras regiones como Aragón, la Comunidad Valenciana, Galicia o Murcia.

En cifras concretas, durante 2022 el Ejecutivo autonómico destinó 1.585,24 millones de euros al sistema público universitario. Este compromiso se ha visto reflejado en un aumento progresivo: se registraron 1.641,8 millones en 2023, 1.708 millones en 2024 y se prevé que en 2025 se alcancen los 1.726,4 millones. Ramón Herrera, secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, destaca que el nuevo modelo de financiación ha proporcionado certidumbre y estabilidad financiera a las diez universidades públicas andaluzas, permitiéndoles alcanzar cifras récord que sustentan su funcionamiento, actividad académica, investigación, innovación y transferencia de conocimiento.

Sin embargo, no todo el panorama es alentador. Herrera ha manifestado su preocupación por las exigencias impuestas por el Ministerio de Ciencia para justificar el programa María Goyri en 2024, una medida destinada a financiar la incorporación de profesorado ayudante doctor en los campus españoles. Según lo acordado en el convenio firmado el 20 de noviembre, las nueve universidades públicas andaluzas debían crear 468 plazas financiadas con fondos estatales durante un periodo de seis años. Para 2024 se había comprometido una inversión de 6,52 millones de euros, cifra que se traduciría en alrededor de 21 millones anuales a partir de 2025.

El secretario general advierte de que los plazos establecidos por el Gobierno de Pedro Sánchez —que van desde el 20 de noviembre hasta el 31 de diciembre— son prácticamente imposibles de cumplir. «Como consecuencia de la mala planificación realizada por el Ministerio, nuestra comunidad se vio obligada a firmar el convenio demasiado tarde, lo que prácticamente impedía su efectivo cumplimiento. Es imposible cubrir esos puestos en diciembre, aun aplicando un procedimiento exprés», ha explicado recientemente Herrera. Según sus declaraciones, estos contratiempos harán que el gasto estatal comprometido para esta medida en 2024 se reduzca a cero, y que en 2025 los 21 millones acordados tampoco se ejecuten en su totalidad.

En definitiva, mientras Andalucía demuestra un firme compromiso con la financiación de su sistema universitario, la incertidumbre generada por los plazos y exigencias del programa María Goyri pone de manifiesto la necesidad de una mayor coordinación entre las administraciones autonómica y central para garantizar el éxito de las políticas de impulso a la educación superior en España.