Andalucía advierte a Sánchez: «O convoca la Conferencia de Presidentes o le obligará el Supremo»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, anunciaba este martes que presentarán ante el Tribunal Supremo «un recurso contra la inactividad del presidente del Gobierno», Pedro Sánchez, «por incumplir su obligación de convocar la Conferencia de Presidentes». Este miércoles, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha vuelto a incidir en que «si Pedro Sánchez no convoca la Conferencia de Presidentes por las buenas, será el Supremo quien le obligue».

En declaraciones a los medios, Fernández-Pacheco ha acusado a Sánchez de «no querer dialogar y no querer acordar, sólo imponer». «No nos queda más remedio que recurrir. Si no lo quiere hacer por las buenas, será el Supremo quien le obligue», ha manifestado después de recordar que Juanma Moreno ha decidido presentar un recurso contencioso administrativo para que «se convoque de una vez la conferencia de presidentes». La última de ellas se celebró en marzo de 2022.

«Lo hemos solicitado hasta en cinco ocasiones por escrito», ha apuntado el consejero-portavoz, para el que se pide amparo al Supremo para abordar temas como la crisis migratoria -reparto de menores migrantes no acompañados-, el nuevo modelo de financiación -frente a la singularidad para Cataluña- y para la «renovación necesaria» del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La última Conferencia de Presidentes se celebró en marzo de 2022 en La Palma, según han recordado desde la Junta, cuyo presidente, Juanma Moreno, solicitó por carta a Pedro Sánchez, el 10 de noviembre de 2023, una nueva convocatoria y, dos semanas más tarde, el 24 de noviembre, lo hicieron doce presidentes de comunidades autónomas, además de los de Ceuta y Melilla.

El 1 de diciembre, Pedro Sánchez «contestó por carta afirmando que la convocaría de manera reglamentaria», según han apuntado las mismas fuentes del Gobierno andaluz, que han remarcado que han pasado «más de ocho meses desde que se pidió y seguimos esperando». El 24 de abril, cinco meses después de la primera carta, los presidentes autonómicos y de Ceuta y Melilla enviaron un requerimiento o reclamación administrativa a Sánchez, «recordando que estaba incumpliendo su obligación de convocar la Conferencia de Presidentes».

Transcurridos tres meses desde ese requerimiento, se ha decidido presentar recurso ante el Tribunal Supremo, han agregado desde el Gobierno andaluz, desde donde han compartido el artículo 4 del Reglamento de la Conferencia de Presidentes, que en sus puntos 1 y 2 determina que dicho foro «se reunirá al menos dos veces al año», y que «la Conferencia será convocada por el Presidente del Gobierno, por propia iniciativa o a petición del Comité preparatorio o diez presidentes de comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía».

Además de Andalucía, otras comunidades como Aragón, Galicia, Murcia, Castilla y León, Madrid y Baleares -todas ellas con gobiernos del PP- han anunciado este martes que presentarán acciones legales –la mayoría ha anunciado un recurso contencioso administrativo– para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convoque la Conferencia de Presidentes, que lleva más de dos años sin reunirse.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus barones territoriales hablaron de la necesidad de convocar esa Conferencia de Presidentes este lunes durante un distendido almuerzo celebrado en un restaurante de Madrid tras la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP -máximo órgano del partido entre congresos- que se había fijado para hacer balance del curso político.

Tanto el partido como sus 14 presidentes de CCAA y de las dos ciudades autónomas han pedido reiteradamente a Sánchez que convoque la Conferencia de Presidentes, alegando que es su «obligación legal». De hecho, lo han hecho en dos ocasiones de forma conjunta: el 24 de noviembre de 2023 y el 24 de abril de 2024. En este último caso, el 24 de abril, las CCAA del PP firmaron una carta dirigida a Pedro Sánchez exigiendo la convocatoria «inmediata y urgente» de ese órgano, que lleva dos años y cuatro meses sin reunirse.

Según decían en esa misiva, hay temas clave a tratar como la «no actualización del sistema de financiación autonómica», el «fortalecimiento del Estado de derecho, la igualdad entre los ciudadanos, la separación de poderes o la seguridad jurídica» tras la Ley de Amnistía. En las últimas semanas, los populares han añadido a la agenda la inmigración irregular.