La AN juzga a un yihadista radicalizado en la cárcel que incendió el furgón policial que lo vigilaba

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a Hafid M.M., un presunto yihadista acusado de consumir y difundir material que alimentaba su fundamentalismo ideológico con el fin de «desarrollar comportamientos terroristas en el futuro» y que, ante la sospecha de que estaba siendo vigilado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE), atacó y prendió fuego a un vehículo policial desde el que era grabado.

Para Hafid M. M., un delincuente común de Melilla radicalizado durante su estancia en la cárcel, el Ministerio Público solicita la pena de nueve años de prisión por los delitos de adoctrinamiento pasivo y daños por medio de incendio a medios de las FCSE.

En el escrito de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, recogido por Europa Press, se explica que el acusado comenzó un proceso de «profunda radicalización en postulados de carácter yihadista» durante su permanencia en la cárcel de Botafuegos (Algeciras), pero fue cuando los agentes entraron a registrar su domicilio en 2021 cuando hallaron un teléfono móvil en el que el acusado guardaba imágenes de la ‘Shahada’, «icono de combate» de Estado Islámico (Daesh), así como accesos a vídeos alusivos a la yihad e incitando al martirio. También comprobaron que era asiduo consumidor de material salafista.

El fiscal recoge que desde ese mismo terminal el acusado realizó búsquedas para comprar armas de fuego y drones con capacidad de carga de hasta cuatro kilos.

Además de esta radicalización a través de Internet, el fiscal añade que en marzo de 2021, y ante la sospecha de estar siendo investigado por la Policía, detectó una furgoneta estacionada frente a su vivienda. El vehículo contaba con un sistema de grabación encubierto, algo que descubrió el encausado tras romper uno de los cristales. Al comprobar que, efectivamente, estaba siendo vigilado, roció con líquido inflamable el interior de la furgoneta y prendió fuego a la misma. El Ministerio Público estima que los daños ocasionados por este hecho ascienden a 1.887 euros por los aparatos de grabación y a 1.200 euros por el vehículo.