Renovación CGPJ

La podemita Rosell antes de ser elegida para el Consejo: “El CGPJ no puede regirse por cuotas de poder”

La juez y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell, en una intervención en el Congreso en 2016.
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La vocal propuesta por Podemos apelaba en 2016 a la "separación de poderes"

Admite que el modelo de elección por el que llega al CGPJ podría ser "más transparente"

Podemos da el ok al pacto del CGPJ en el que entran Rosell, De Prada y Fernández Seijo

La juez Victoria Rosell, diputada de Podemos entre enero y mayo de 2016 en el Congreso, es uno de los tres vocales del nuevo CGPJ a propuesta de la formación de Pablo Iglesias, que ha decidido participar de este proceso de renovación pese al pacto PP-PSOE. Fue precisamente ella quien en su etapa como portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja cuando apeló a la conformación de un órgano de gobierno de los jueces sin injerencias políticas. Sin embargo, ahora, esa apelación a la “separación de poderes” ha quedado reducida a la nada.

“En un sistema democrático basado en los derechos fundamentales y en la separación de poderes, el Poder Judicial está llamado a controlar los excesos del Gobierno y de la Administración, pero no puede haber un control del Gobierno por el Poder Judicial”, subrayó Rosell.

El pacto alcanzado por PSOE y PP permite que los socialistas y sus socios pasan a tener una mayoría progresista en el CGPJ a cambio de votar como presidente del mismo y del Tribunal Supremo al nombre planteado por el PP, Manuel Marchena. Por su parte, Ciudadanos, que defiende una despolitización real de la Justicia, se ha mantenido al margen y no ha negociado nada, ya que sólo contempla un CGPJ elegido por los propio jueces.

En aquella intervención en la Comisión de Justicia en abril de 2016, Rosell recalcó que los más altos puestos del Poder Judicial están nombrados por un órgano de gobierno, el CGPJ, “a su vez gobernado por cuotas de poder de los partidos políticos mayoritarios —esto lo dijo el Greco, el Grupo de Estado contra la Corrupción— máxime en épocas de una corrupción sistémica que afecta esencialmente al partido en el poder”, señaló la diputada en alusión al PP. Así se dirigía al actual presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, en una comparecencia sobre las memorias de ambos órganos de 2014.

Podemos ha consensuado con el PSOE los nombres de la propia Rosell, el magistrado del caso Gürtel que citó a Mariano Rajoy a declarar, José Ricardo de Prada, y el juez que llevó a Europa la ley hipotecaria, José María Fernández Seijo, según avanzó Efe de fuentes parlamentarias. La co-portavoz estatal de Podemos, Noelia Vera, explicaba este lunes su cambio de criterio: “El día que gobernemos cambiaremos el sistema de elección, mientras eso no pase, no vamos a permitir que se sigan tomando decisiones en contra de la gente, porque hay presiones de los poderosos”, apostilló.

“Más transparente”

Hasta esta misma mañana, la que fuera presentada por Pablo Iglesias como su futura ‘ministra’ de Justicia negaba que Podemos hubiese negociado su nombre con el PSOE. “Dado que se está negociando en una mesa en la que solo están sentados PP y PSOE, a mí no me han confirmado nada”, manifestó en RNE.

Así mismo, en dicha entrevista, Rosell reconoció las carencias actuales del modelo de elección del CGPJ. “El sistema es el que es y creo que podría ser más transparente”, admitió la juez.

Preguntada sobre si las querellas que recibió siendo diputada de Podemos, por las que tuvo que dejar el acta, afectarían a su autonomía judicial como vocal del CGPJ, ella ha negado esta posibilidad. “He tenido que luchar contra todo eso y lo he ganado, sigo confiando en la justicia, pero lo he tenido que trabajar, no creo que una experiencia así vaya a restar”, afirmó.

El caso se remonta al año 2015, cuando Rosell estaba instruyendo una causa contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Al dejar el cargo para dedicarse a la política, su sustituto, el magistrado Salvador Alba, descubrió que la pareja sentimental de Rosell, Carlos Sosa, había hecho negocios con el empresario y la Fiscalía propuso estudiar si ella había cometido falta disciplinaria.

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