La ley sanitaria de Mónica García nace sin apoyos de Junts: la ve una “grave injerencia competencial”

El Gobierno aprobó el pasado martes el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud impulsado por la ministra de Sanidad, Mónica García, una norma con la que el Ejecutivo pretende limitar la colaboración público-privada en la sanidad pública y endurecer las condiciones para externalizar hospitales y servicios sanitarios. Sin embargo, apenas horas después de su aprobación en Consejo de Ministros, el texto ya afronta serias dificultades parlamentarias y en el entorno político se da prácticamente por hecho que Junts no respaldará la iniciativa, lo que deja a la ley sin mayoría suficiente en el Congreso. Es más, lo han calificado como «155 sanitario». 

Las dudas sobre el futuro de la norma son especialmente relevantes porque la formación independentista catalana ya había advertido meses atrás de que el proyecto supone, a su juicio, una «grave injerencia competencial» sobre el modelo sanitario catalán. Durante un enfrentamiento parlamentario previo, la diputada de Junts Pilar Calvo llegó a reprochar a la ministra que «ni usted ni ningún ministro tiene nada que decir sobre cómo se organiza Cataluña».

La situación política ha provocado que en sectores sanitarios y parlamentarios se interprete que la norma ¡»nace prácticamente muerta» antes incluso de iniciar su tramitación legislativa. El precedente reciente tampoco ayuda al Gobierno: Junts ya tumbó junto a PP y Vox la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública en el Congreso, demostrando que las mayorías sanitarias del Ejecutivo son extremadamente frágiles.

El Gobierno limita la gestión privada de la sanidad pública y aprueba un nuevo copago farmacéutico

La aprobación de la ley además coincidió con la creciente presión informativa por los casos relacionados con hantavirus, algo que se señala como una cortina de humo para frenar las críticas por la gestión del virus en España.  La gestión sanitaria de vigilancia epidemiológica, en un momento en el que sociedades científicas como la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria y la Sociedad Española de Medicina Interna acababan de reclamar una respuesta «clara, serena y basada en la evidencia» ante el brote. Ambas organizaciones pidieron evitar tanto el alarmismo como la minimización del riesgo y reclamaron reforzar la salud pública, la vigilancia epidemiológica y los recursos asistenciales.

En paralelo al discurso oficial contra la «privatización sanitaria», los propios informes del Ministerio de Sanidad reflejan que Cataluña mantiene actualmente un grado de dependencia de la gestión privada muy superior al de la Comunidad de Madrid, precisamente uno de los principales objetivos políticos de la nueva norma. Según los datos ministeriales, más del 58% de los hospitales públicos catalanes funcionan bajo fórmulas de gestión privada o concertada y aproximadamente la mitad de las camas del sistema público están gestionadas por operadores privados. En Madrid, en cambio, el porcentaje ronda el 14%. El informe concluye que la dependencia catalana de la colaboración público-privada cuadruplica la madrileña.

Situaciones excepcionales

El nuevo proyecto legislativo busca precisamente limitar ese modelo. La norma deroga parcialmente el marco abierto por la Ley 15/1997 y establece que la gestión indirecta de hospitales públicos solo podrá producirse en «situaciones excepcionales», sujetas además a evaluaciones técnicas, auditorías y controles reforzados. El Ministerio pretende impedir fórmulas similares al denominado «modelo Torrejón» o a concesiones hospitalarias vinculadas a grupos como Ribera Salud o Quirón.

El texto también endurece los requisitos para conciertos sanitarios, prioriza entidades sin ánimo de lucro y obliga a justificar técnicamente cualquier externalización. Además, incorpora mecanismos de transparencia económica y supervisión asistencial.

Sin embargo, la principal contradicción política de la ley aparece precisamente en Cataluña. Mientras el Gobierno ha utilizado durante meses el modelo madrileño como ejemplo de privatización sanitaria, los propios datos oficiales sitúan a Cataluña como la comunidad con mayor penetración estructural de fórmulas mixtas y concertadas dentro del Sistema Nacional de Salud. De ahí que Junts considere que la futura ley afecta directamente al modelo sanitario catalán y pueda alterar el funcionamiento histórico de consorcios, conciertos y entidades vinculadas al sistema autonómico de salud.

La ministra Mónica García ha intentado rebajar esa tensión asegurando públicamente que la ley «no pone en riesgo el modelo catalán» y que, al contrario, «lo protege». Pero las declaraciones no han convencido a Junts, cuyos dirigentes mantienen el rechazo frontal a cualquier intervención estatal que limite las competencias autonómicas en organización sanitaria.