La Fundación IDIS rechaza la eliminación del modelo de Mutualidades que pide Podemos

El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas sanitarias y asociaciones privadas de España, ha manifestado «su rechazo» a la nueva PNL de Podemos ante el Congreso para que las nuevas incorporaciones de los colectivos hasta hoy protegidos por el mutualismo administrativo se incluyan en el régimen general de la Seguridad Social.

Ha señalado IDIS que esta propuesta «sería el inicio del fin de un modelo bien consolidado, y reconocer, una vez más, los beneficios del sistema de mutualismo administrativo en reducción de costes para el sistema, generación de empleo y mejora de la accesibilidad al sistema sanitario». 

Por ello, defienden, quiere hacer público un informe específico sobre el modelo de las mutualidades que analiza su evolución y aportaciones y vislumbra las repercusiones de un hipotético cambio en el mismo.

Y, además, y según su comunicado, a su vez, reiterar que el mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, en el que los beneficiarios acceden a las prestaciones a través de su mutualidad (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), «ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año. Se trata de un dato incontestable extraído del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media es muy inferior al gasto sanitario público per cápita, en concreto 451 euros menos».

Por otra parte, como refleja el mencionado informe, que señala que «el coste final de la atención a los mutualistas para el Estado ante una hipotética desaparición del modelo de mutualidades sería de entre 2.950 a 3.030 millones de euros (frente a los 2.230 actuales), sin tener en cuenta las inversiones que sería necesario llevar a cabo para poder dar asistencia a los cerca de 1,8 millones de asegurados mutualistas».

Paralelamente, argumenta IDIS, es necesario tener en cuenta la «accesibilidad a la asistencia sanitaria, que ahora existe y que se vería afectada de forma importante, dado que la inexistencia de mutualistas en determinadas zonas motivaría la disminución drástica del número de asegurados y ello repercutiría en la red asistencial, abocando al cierre a una treintena de centros asistenciales privados, lo cual podría provocar a su vez desigualdades en el acceso a la prestación sanitaria».

A estas repercusiones se une, a nivel social, «la pérdida de cerca de 39.000 empleos y, en el ámbito asistencial, el aumento de las listas de espera de consultas externas (el análisis calcula un incremento de 88 a 122 días), del tiempo de espera quirúrgica, que se multiplicaría por 5 de la ocupación hospitalaria, y de los índices de ocupación hospitalaria, pudiendo pasar del 83% al 98%, según concluye el propio informe».

Todo ello, prosiguen, «sin olvidar el impacto que el cambio del modelo tendría en zonas con escasa población, ya que en algunos territorios los hospitales asociados al mutualismo podrían desaparecer dejando sin cobertura sanitaria a la población asistida, máxime teniendo en cuenta que en algunos casos estos hospitales son los únicos de estas áreas».

Por otro lado, el impacto que tendría sobre las compañías aseguradoras y sobre los grupos hospitalarios privados un cambio de modelo dirigido a la paulatina «desaparición del mismo provocaría una reducción de actividad y generaría entre 30 y 33 millones de euros menos de recaudación en concepto de Impuesto de Sociedades: un aspecto importante, a ser considerado».

Además de todos los beneficios mencionados, creen que «es conveniente recordar que existe una satisfacción generalizada por parte de los mutualistas con este modelo y con la asistencia ofrecida por las compañías aseguradoras, como atestigua el hecho de que más del 80% de los funcionarios que pueden voluntariamente elegir opten por la asistencia en centros sanitarios privados a través de su mutualidad». 

¿Por qué el modelo beneficia al Estado?

Por todo ello, concluyen en su comunicado, «el modelo beneficia al Estado, al contar con una previsión de gasto fija, y le genera beneficios económicos que redundan en una mayor eficiencia; porque aporta accesibilidad de los ciudadanos a la asistencia sanitaria; porque ayuda al mantenimiento de empleo cualificado y de la actividad de compañías que tributan por ella; porque permite la existencia de centros hospitalarios en zonas con escasa población; porque mejora la calidad de la asistencia al absorber demanda de pacientes y favorecer la menor ocupación hospitalaria pública y la reducción de las listas de espera.

Y, además, «por la satisfacción de los propios usuarios, la Fundación IDIS quiere hacer un llamamiento a la Comisión de Sanidad del Congreso para que, de cara al debate de la mencionada PNL, sean tenidos en cuenta todos estos aspectos».