Francia financiará productos de higiene íntima para mujeres jóvenes y vulnerables

Francia prepara una nueva medida para ampliar el acceso a productos de higiene menstrual, con el objetivo de reducir la llamada precariedad menstrual, un problema que afecta a miles de mujeres en el país. Según han informado medios franceses en los últimos días, el Gobierno prevé que los productos de higiene íntima puedan ser financiados o reembolsados para mujeres menores de 26 años, así como para aquellas en situación de bajos recursos, sin límite de edad.

La iniciativa supone un paso más dentro de las políticas públicas francesas para garantizar el acceso a productos básicos de salud e higiene, especialmente entre la población joven y en riesgo de exclusión social. El objetivo es que el coste de compresas, tampones y otros productos menstruales no sea una barrera económica ni un factor de desigualdad.

En los últimos años, Francia ha ido ampliando gradualmente este tipo de medidas. Primero se introdujeron programas piloto en universidades y centros educativos para facilitar el acceso gratuito a productos menstruales, especialmente reutilizables, como compresas de tela o copas menstruales. Posteriormente, se extendieron iniciativas de distribución gratuita en determinados espacios públicos y centros sociales.

El debate político en torno a la precariedad menstrual ha ganado peso en la agenda pública francesa, impulsado por organizaciones feministas y asociaciones de estudiantes, que alertan de que el coste de estos productos puede suponer una carga importante para mujeres con bajos ingresos o en situación de vulnerabilidad.

Con esta nueva ampliación, el Ejecutivo francés busca consolidar un modelo más universal de acceso, en el que la higiene menstrual se trate como una cuestión de salud pública y no solo de consumo individual, reduciendo así las desigualdades sociales y sanitarias asociadas.

También en otros países

Varios países han comenzado a aplicar medidas para garantizar el acceso gratuito o subvencionado a productos de higiene menstrual, en el marco de las políticas para combatir la llamada pobreza menstrual y reducir desigualdades en salud.

El caso más avanzado es el de Escocia, donde en 2021 se aprobó una ley pionera que garantiza el acceso universal y gratuito a productos menstruales en espacios públicos. La norma obliga a ofrecer estos productos en centros educativos, universidades y edificios públicos, convirtiendo su disponibilidad en un derecho legal.

En otros países, como Nueva Zelanda, se han impulsado programas nacionales que aseguran la distribución gratuita de productos menstruales en escuelas, con especial atención a estudiantes en situación de vulnerabilidad. El objetivo es evitar que la falta de recursos económicos afecte a la asistencia escolar o al bienestar de las jóvenes.

En Canadá, varias provincias han puesto en marcha iniciativas similares, especialmente en centros educativos y espacios públicos, aunque no existe aún una regulación uniforme a nivel federal. Estas medidas se han centrado principalmente en la población estudiantil.

En el caso de España, las políticas no son aún estatales, pero algunas comunidades autónomas han comenzado a implementar programas de distribución de productos menstruales reutilizables o gratuitos en determinados ámbitos, como centros educativos o farmacias.