La única verdad de Sánchez en seis años: «La Fiscalía depende del Gobierno»

Después de que los cuatro fiscales del procés del Tribunal Supremo se negaran a amnistiar los delitos de malversación, negándose a cumplir la orden del fiscal general del Gobierno, Álvaro García, serán los fiscales de Sala, que ocupan la cúpula de la Carrera Fiscal, quienes debatan la posición del Ministerio Público sobre la Ley de Amnistía, si bien la última palabra la tendrá siempre el mandado de Pedro Sánchez.

En realidad, Álvaro García se ha garantizado el apoyo de los fiscales de Sala por la vía de haber colocado estos últimos años a un nutrido grupo de afines: de los 38 representantes de la carrera que asisten a esta reunión, 21 de ellos han sido designados o promocionados como fiscal de Sala durante el mandato de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España. Es decir, en apenas seis años el Ejecutivo ha logrado hacerse con la mayoría suficiente en este órgano. La lista empieza por el propio fiscal general y continúa con la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde, número 2 de García Ortiz, que también fue nombrada el 30 de marzo de 2021 como Fiscal de Sala adscrita a la Sala de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Asimismo, el Consejo de Ministros, a propuesta del fiscal general, nombró a Antonio Vercher, Joaquín Sánchez-Covisa, Dolores Delgado, Teresa Peramato, Jesús José Tirado y Francisco Jiménez-Villarejo. A ellos se suman Esmeralda Rasillo, Ana Isabel García, María Teresa Gisbert y María Antonia Sanz, que ocupan cargos de responsabilidad dentro de la Fiscalía General que dirige García Ortiz.

Si sumamos a los miembros de la carrera fiscal que comparten asociación con el fiscal general: Manuel Martín-Granizo, Luis Manuel López, Beatriz Sánchez y Luis del Río, que pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), y a otro grupo de fiscales que son de la estricta confianza del máximo responsable del Ministerio Público, el resultado está cantado. A todos ellos habría que hacerles la siguiente pregunta: ¿Se mueven por el principio de legalidad o por el principio de obediencia al Gobierno?