La recogida de cable del Gobierno con Almaraz llega tarde y a regañadientes

Nueva derrota del fanatismo climático. El Gobierno ha dado por fin el visto bueno definitivo a la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, alejando el cierre que estaba previsto para 2027 y 2028. Una decisión que debería ser motivo de alivio para miles de familias extremeñas, pero que llega después de meses de incertidumbre deliberadamente alimentada por un Ejecutivo que ha jugado con el futuro de una comarca entera. Y no es casualidad que lo haya anunciado en pleno agosto: la fecha perfecta para colar otro engaño sin que los suyos se enteren.

Bastaba escuchar a Fernando Sánchez, presidente de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro, para entender el coste real de esa indecisión: 4.000 empleos en juego, comarcas rurales «abocadas a desaparecer», ayuntamientos que dependen de la central para hasta el 50% de sus presupuestos, y una ecotasa de 80 millones de euros que sostiene servicios públicos de toda la región. «El cierre de Almaraz separará familias», resume con crudeza, recordando el testimonio de un abuelo que teme no volver a ver a su nieto si este tiene que emigrar para encontrar trabajo.

Ha hecho falta que 80 entidades se unieran en una Alianza por Almaraz, manifestaciones multitudinarias, un apagón simbólico y hasta un viaje al Parlamento Europeo para que el Gobierno moviera ficha. Mientras tanto, la ministra Sara Aagesen ha sido convocada varias veces sin dar respuesta, dejando a la sociedad civil extremeña hablando prácticamente sola.

El propio nombre del ministerio, Transición Ecológica y Reto Demográfico, resulta ya una ironía cruel para quienes viven en comarcas despobladas: ninguna transición energética en España ha sido «justa», ni en las minas ni en Garoña, y Almaraz estaba a punto de sumarse a esa lista. Que el Gobierno haya recogido finalmente el cable no borra los meses de angustia innecesaria que ha provocado su fanatismo verde que roza la locura.