¿Por qué ceder a una involución laboral?

Los trompeteros y juglares del Gobierno celebran estos días el acuerdo sobre la reforma laboral. Es el primero que se ha consumado en los últimos cuarenta años, afirman, pero como es costumbre en este país en el que la mentira está institucionalizada esto tampoco es verdad, pues Aznar logró en 1997 un pacto para la estabilidad del empleo y la negociación colectiva con el concurso de todos los agentes sociales.

Da lo mismo. Al fin y al cabo estamos hablando de anécdotas. Lo importante es que lo que se ha firmado deja prácticamente intacta la reforma del PP. El coste del despido no se ha tocado, las causas por las que este puede producirse de manera objetiva, tampoco, y no será necesaria la autorización administrativa para impulsar un expediente de regulación de empleo. Desde este punto de vista, todo sigue igual. De la misma manera, el convenio de empresa continuará siendo prioritario respecto al sectorial, excepto en lo que se refiere a los salarios, que no es moco de pavo, y se ha recuperado la nociva ultractividad, que permite a los sindicatos manejar eternamente el cotarro de la negociación de las condiciones de trabajo hasta que haya un nuevo acuerdo, una vez expirado el precedente.

Desde la más absoluta imparcialidad, la rutilante vicepresidenta Yolanda Díaz tiene muy pocos motivos para sentirse satisfecha, pues ha convalidado de hecho la reforma del PP que quería derogar a toda costa, como así prometió desde hace meses, pero que ha sido incapaz de lograr porque, según ella misma ha apuntado, de nuevo mintiendo, “era técnicamente imposible”. Lo que era es materialmente incompatible con las exigencias comunitarias.

La conclusión es que todo podría haber sido mucho peor, o que lo que se ha firmado es un mal menor, pero la gran pregunta es si la economía española se puede permitir perder la oportunidad para mejorar el sistema legal que lleva conduciendo al país a tener el paro más alto, el desempleo juvenil más elevado del Continente y la economía con los peores datos en términos de crecimiento, de déficit público y uno de los menos favorables en lo que respecta a la inflación.

Con este acuerdo y las salvas correspondientes de los acólitos y de los paniaguados de costumbre, el Gobierno podrá presentar a Bruselas el pasaporte para seguir recibiendo los fondos comunitarios a fin de combatir la pandemia. Esto es lo que quería la Comisión Europea, el visto bueno de los empresarios, y lo que se ha conseguido gracias a la pérfida complicidad de la CEOE en esta comedia bufa.

Como cabía esperar del personaje y de muchos de los que lo acompañan, el señor Garamendi ha dado su placet al acuerdo, pero en medio de una oposición de primer nivel. La patronal catalana, que dirige el vividor Sánchez Llibre, que en Cataluña calla ante los atropellos de la Generalitat pero que en Madrid se suelta la melena, dijo en la reunión al efecto que “el acuerdo es el fruto del miedo que ha metido el Gobierno, y que éste supone una involución, pequeña, pero una involución”. Y tiene más razón que un santo. El presidente de la patronal madrileña tampoco ha querido participar del conciliábulo, ni el responsable de Asaja -que agrupa a los agricultores- ni la potente Anfac, que reúne al sector de la automoción.

Todos estos díscolos reconocieron el aspecto positivo de evitar males mayores, que es a lo que se agarra como un clavo ardiendo Garamendi, pero que al implicar un retroceso más que un avance para el modelo laboral no estaban dispuestos a ejercer de figurantes en el aquelarre.

El señor López-Tafall, que representa a las empresas automovilísticas, opina que la coyuntura es tan delicada que no era momento de apoyar cambios que no avancen en la flexibilidad porque “cómo se los voy a contar a las multinacionales, todas ellas con sede fuera de España”. La reordenación de la temporalidad amenaza igualmente al sector agrícola y la reinstauración de la ultractividad es un eminente paso atrás que muchos empresarios ven con desasosiego.

El acuerdo se orquestó, en fin, bajo los parámetros que establece siempre la vicepresidenta Díaz en cualquier negociación que emprende y que consiste básicamente en la amenaza: “esto es lo que hay, y si no comulgas, legislaremos de manera más agresiva”. Pero en este caso, y creo que es algo que minusvaloró el señor Garamendi, la señora Díaz estaba atada de pies y manos. Ella necesitaba el acuerdo más que sus interlocutores para poder presentarlo en Bruselas antes de fin de año con el objetivo de desatascar la llegada de los fondos comunitarios. O sea que iba de farol, pero Garamendi, que es vasco, debe de ser tan torpe jugando al mus como dirigiendo la CEOE, que en estos tiempos turbulentos le viene grande.

No crean, sin embargo, que solo es parte de la patronal la que está satisfecha con el engendro o que el Gobierno y la ‘Podemia’ están exultantes con este hito presuntamente histórico que en honor a la verdad, irónicamente, bendice la mayor parte de la denostada reforma laboral del PP, aún caminando a la contra en varios aspectos. Algunos comentaristas conservadores están también encantados, y lo mismo se puede decir de los despachos de abogados que han trabajado y cobrado para conseguirlo. Estos aducen el sacrosanto valor del consenso, que en estos tiempos convulsos, de confrontación y de cambio, aparece como elemento de cohesión y de progreso. Otros piensan que el pacto contribuirá a tranquilizar, dar estabilidad y despejar incertidumbres. Que es una excelente noticia. Pues muy bien, que les pregunten a los agricultores, a la industria del automóvil o a las pequeñas empresas, la mayoría contrarias y presumo que igual de patriotas, como mínimo, que estos apóstoles de lo políticamente correcto.

Si obligas a las pymes, sobre todo de las zonas despobladas, a pagar los mismos salarios que en Madrid o Barcelona, habrá menos negocios y más despoblación. La prevalencia de los convenios sectoriales en cuanto a salario y jornada restablece el poder de los liberados de la patronal y de los sindicatos; y junto a la vuelta de la ultractividad protege a la gran empresa contra la competencia de la pequeña, en detrimento del consumidor y del empleo. A cambio se han establecido unos límites a la temporalidad de consecuencias inciertas.

El resumen parece contundente: se ha evitado el derribo de la reforma laboral de la ex ministra Fátima Báñez, la señora Díaz se la ha envainado, todo podría haber sido más calamitoso, pero ¿esta es la ambición que cabe esperar de la caterva de locos que nos gobierna y de los melifluos que en este caso han prestado su apoyo ante los signos de contención del entramado social-comunista debidos a un factor exógeno: Europa? Hombre, no. Así no. España atraviesa una situación económica tremendamente frágil, y mucho más delicada que el resto de los socios de la Unión. Es el país con los peores registros en la pandemia, según The Economist, el último de 23. Necesita una cirugía radical en el mercado de trabajo para extirpar el tumor que lleva desangrando la nación de manera endémica. Ya sabemos que Sánchez será incapaz de aplicarla por cuestiones ideológicas, pero no esperábamos que la CEOE de Garamendi acabara prestándose una vez más a sus chantajes.