¿Se puede eludir la ley con una ilegalidad?

Las investigaciones del Tribunal de Cuentas podrían demostrar que Carme Forcadell ha intentado eludir la ley con una ilegalidad. La ex presidenta del Parlament, y antigua presidenta también de la ANC de 2012 a 2015, se libró de la cárcel después de que la propia Asamblea Nacional de Cataluña pagara los 150.000 euros de la fianza decretada por el Tribunal Supremo. Hacienda hace bien, por tanto, en investigar la procedencia de esos recursos y analizar si su naturaleza es fraudulenta. Sería el colmo que tanto Forcadell como el resto de miembros de la Mesa del Parlament —250.000 euros en fianzas en total— hubieran conseguido eludir la prisión gracias a fondos públicos camuflados por la Generalitat y que tendrían su origen en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Si esto fuera así, la libertad de los golpistas la habrían pagado todos los españoles. En vez de gastar ese dinero en cuestiones perentorias como Sanidad, Educación o Empleo, lo habrían destinado a actividades ilegales e inconstitucionales. Una broma pesada si tenemos en cuenta que gracias a estos pirómanos de la política se ha puesto en riesgo el Estado de Derecho que nos ampara así como la recuperación económica que tantos años y tantos sacrificios nos ha costado consolidar. Este mismo miércoles, Forcadell ha hecho un movimiento que puede ser clave para entender la situación actual. Con la confirmación de su presencia en la lista electoral de ERC de cara a las próximas elecciones catalanas del 21 de diciembre demuestra dos cosas: primero, que no tiene nada más allá de la política; segundo, su ansia por seguir aforada como refugio legal ante lo que pueda resultar de las investigaciones del Tribunal de Cuentas.

Ahora Forcadell dice que vuelve a la actividad institucional por su «compromiso pacífico y democrático con el país, las instituciones y su gente». El país al que se refiere, por supuesto, es Cataluña. Ese discurso independentista contrasta con la traición de hace una semana a todos los golpistas ante el Tribunal Supremo. Entonces, dijo que acataba el artículo 155 de la Constitución. Mintió ante Pablo Llanera y miente ahora a esa «gente» por la que dice trabajar. Cuando se vio acorralada juró lealtad a la Carta Magna y ahora que se ve en libertad vuelve a fundamentar su discurso en el separatismo. El Tribunal de Cuentas debe averiguar de dónde salió el dinero que la ha puesto en libertad. De estar manchado por la ilegalidad, ha de volver a prisión de manera inmediata.