Política repugnante

En sede parlamentaria, lo cual es muy grave, la presidenta Armengol, intentando evitar las obligaciones de su gobierno por el mayúsculo escándalo de las niñas tuteladas prostituidas, dijo que el problema de la explotación sexual de menores acogidos por las instituciones «existe en el mundo, no sólo en Baleares». Una justificación que produce bochorno y vergüenza ajena, que sería suficiente para que quien, intentando eludir responsabilidades y universalizar el problema, dimitiera. Pero no cabe esperar que lo haga, porque si en este país los políticos asumieran las consecuencias de sus acciones u omisiones, habría un desfile.

Es más, añadir, como hizo Armengol, que en esta comunidad «se trabaja con el fin de erradicar» la prostitución de menores, supone negar las evidencias de todo cuanto se ha detectado en los últimos años -que alrededor de sesenta niñas han sido prostituidas–, algo que consta ya en las correspondientes denuncias ante la fiscalía y son la prueba evidente de una absoluta incompetencia en la gestión de de los menores tutelados.

Según la presidenta del Govern, para conocer el problema, por si no fuera suficientemente lo conocido hasta ahora, se constituyó una comisión de investigación en el Consell de Mallorca y otra de supuestos expertos, aunque ambas absolutamente inútiles al estar una formada por políticos, creada ad hoc para investigarse a sí mismos, lo cual es una paradoja, y la otra digitada, cuyas conclusiones parecen encaminadas y predestinadas a descargarse de responsabilidades.

En una asombrosa afirmación, sin ruborizarse, declaró también que «la Policía ha dado la enhorabuena a los técnicos del IMAS porque sin ellos no llegarían las denuncias y no se podría detener a los explotadores, que son a quienes tendrían que perseguir». Pues no, la primera responsabilidad corresponde a los políticos que están a frente de las instituciones y después al IMAS.

Con este asunto, pocas bromas. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, instada por diputados del PP ante las dimensiones del escándalo, el escapismo de sus responsables y la falta da asunción de responsabilidades, ha decidido enviar una misión de investigación para estudiar los casos de explotación sexual a menores en las islas. La misión tendrá lugar durante 2022 y ha sido aprobada por todos los grupos de la Eurocámara, que han mostrado algo más de sensibilidad. Porque los derechos de los niños son prioritarios en la Unión Europea, por lo que el envío de esta misión tratará de contribuir a resolver estos casos para que se obligue a tomar las medidas necesarias para evitar que estos hechos tan graves puedan repetirse en el futuro.

Lo que produce auténtica repugnancia de toda esta lamentable cuestión es que, al margen de algunas autorías que están por dilucidar, hayan resultado ser encubridores desde el Govern al Consell de Mallorca, con la anuencia de los partidos del Pacte. PSOE, Més y Podemos han dado la talla de su dignidad.