La «plurinacional suma» —y bolivariana— de Yolanda

Es muy difícil sustraerse de la endiablada situación política a la que Sánchez, priorizando una vez más su personal interés a cualquier otra consideración, ha abocado a España al convocar elecciones generales el pasado 23J, en pleno verano e inmediatamente después de las municipales y autonómicas del 28M.

Al hacerlo ha colocado a nuestro país en una continua inestabilidad y en campaña electoral prácticamente desde la pasada Semana Santa. En la memoria colectiva están sus continuas apelaciones a que «no iba a anticipar las elecciones y a que iba a agotar la legislatura» hasta su término natural en diciembre. Por una vez, y sin sentar precedente, creímos la veracidad de su compromiso, por dos motivos: uno, porque dada la proximidad entre una y otra elección, en la hipótesis de adelanto electoral, lo conveniente para el interés general de España era convocar elecciones conjuntas el 28M, ahorrando gasto público e incomodidades a los españoles, obligándoles a votar con millones de ellos disfrutando de sus vacaciones estivales alejados de su domicilio habitual. La otra razón estribaba en que España desde el 1 de julio ostenta la Presidencia semestral del Consejo de la UE —que nos corresponde cada 14 años—, lo que hacía aconsejable disponer de estabilidad institucional, no teniendo al presidente del Gobierno en funciones durante casi todo el semestre.

Como vemos, ninguno de esos argumentos han priorizado su exclusivo y excluyente interés personal y político, y España se encuentra inmersa en una situación de interinidad permanente desde el comienzo de ese período. Por si fuera poco, la reputación nacional se encuentra arrastrada por los suelos, dejando en manos del prófugo de Waterloo el Gobierno del Estado que él quiso y asegura seguir queriendo destruir. Precisamente uno de los siete diputados electos por Junts, y muy próximo a él, acaba de exigir un «Brexit» de Cataluña respecto a España para su apoyo a la investidura sanchista, añadido al de amnistía y referéndum para reconocer el derecho a la autodeterminación.

Este jueves 17 de agosto se empezará a descorrer el telón que ha sumido en oscuras tinieblas el contenido de las negociaciones que se están desarrollando para constituir la Mesa del Congreso, pieza institucional de relevante importancia en la actual situación. A esos efectos, causa vergüenza ajena y exime de más comentarios respecto al actual oscurantismo, releer o escuchar la intervención de Sánchez basando la imperiosa necesidad de la moción de censura —que con 84 diputados le llevó a La Moncloa hace cinco años— en la necesidad de preservar la calidad de nuestra democracia «garantizando la transparencia como un compromiso solemne».

Nunca en la historia de España la misma subsistencia de la Nación y del Estado en el que se organiza políticamente había estado en manos de quienes tienen como objetivo último su destrucción. Como es sabido, fue el propio Pablo Iglesias quien, siendo vicepresidente con Sánchez, definió con precisión al bloque político que le aupó a La Moncloa y allí le mantiene, desde entonces, como el que se encontraba situado en la «dirección del Estado». Ahora en su lugar está quien él designó digitalmente como su sucesora en el Gobierno y candidata. Las obras definen a su elegida al frente de la marca política heredera de aquel Podemos ya fenecido, que bautiza a su grupo parlamentario como «plurinacional». Sólo le falta añadirle el calificativo de «bolivariano» para que no haya dudas de las manos en las que se encuentra el Estado.

España ha tenido, a lo largo de su historia, monarquías absolutas y monarquías parlamentarias, con monarcas mejores que otros; y dos repúblicas a cada cual más desastrosa; pero jamás estuvo en manos de Gobiernos apoyados en partidos políticos que públicamente renegaban de España y apelaban a su ruptura. El sanchismo ha colocado España en una situación límite. La mayoría absoluta del PP en el Senado debe abrir comisiones de investigación, entre otras, para aportar luz al secretismo de las cesiones a la subsistencia y soberanía de España para mantener a Sánchez en La Moncloa.