Otra patada hacia delante de los independentistas

Los asesores del independentismo catalán siguen haciendo de su particular ‘procés’ una concatenación de ideas e iniciativas sin ningún sentido. La entidad Constituïm ha presentado un borrador de Carta Magna catalana a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, donde prevé una República unicameral y con un presidente de la Generalitat que sea jefe del Estado y de Gobierno al mismo tiempo. La insistencia en este tipo de propaganda vacua quizás les sirva para enardecer a sus partidarios más radicales de cara a las próximas elecciones generales del 26 de junio. No obstante, desde el punto de vista político, carece de toda base. Ellos saben mejor que nadie que antes de nada necesitan un referéndum de independencia que sólo les puede dar el Congreso de los Diputados y el Senado, donde la mayoría de partidos constitucionalistas son contrarios.

Eso o un cambio en la Constitución española. Dos circunstancias que sólo se cumplirían en el improbable caso de que Podemos e Izquierda Unida ostentaran el poder. Todos estos movimientos por parte de las entidades afines a los nacionalistas no pueden esconder la difícil realidad económica en la comunidad autónoma. Mientras que el Govern de Carles Puigdemont da pábulo a éstas y otras excentricidades, Cataluña encabeza el ranking de las regiones más endeudadas de España. Resulta muy difícil de concebir un país independiente en el más amplio sentido de la palabra cuando sus cuentas son un agujero negro que se sostienen con la respiración asistida que, en forma de euros, le suministra el Gobierno desde el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Cataluña ha sido la región que más apoyo económico ha recibido en toda España con un total de 56.469 millones de euros entre 2012 y 2016. Dinero que ha servido para que los ciudadanos no tuvieran que sufrir las negligencias de los distintos Ejecutivos secesionistas y así evitaran la quiebra. Sin embargo, lejos de ponerse a trabajar denodadamente para paliar una situación que cada día se hace más insostenible para el déficit público de todo el país, Puigdemont y sus acólitos se entretienen con propuestas como las elecciones generales cada cinco años de cara a la nueva República o la designación del catalán y el aranés como lenguas oficiales del nuevo Estado. Pura responsabilidad política, vaya.