Multas por nivel de renta, el fin del principio de igualdad

No es ninguna broma de mal gusto, sino una medida que el Gobierno de Pedro Sánchez está valorando desde hace meses: que las multas del Estado se impongan en función de la renta del supuesto infractor, de modo que ante un mismo hecho las sanciones fluctúen, incrementándose o reduciéndose en virtud de la capacidad económica de cada cual. O sea, que alguien que cobre hasta 1,5 veces el salario mínimo y se le sancione con una multa de tráfico de 100 euros pagaría 85 euros -un descuento de 15 euros-, pero si el infractor tiene ingresos de 75.000 euros anuales abonaría 250 euros. Es decir, un recargo del 150%.

Con independencia de que la medida quiebra de manera escandalosa el principio de igualdad, obsérvese que el planteamiento del Gobierno es de una obscena voracidad recaudatoria, porque la rebaja para el de la renta más baja es del 16% y el incremento para el de la renta alta es del 150%.

O sea, que además de pasarse por el forro el principio de que todos  los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social, la norma tiene un claro objetivo confiscatorio, pues no hay que ser muy sagaz para concluir que el Gobierno recaudará siempre más que ahora, por la vía de que el porcentaje que gravará a las supuestas rentas altas será siempre infinitamente mayor que el porcentaje reductor aplicado a quienes menos ganan. O sea, un atentado a la legalidad y una estafa en toda regla.

No se puede para defender la medida comparar lo que pretende el Gobierno con las tarifas que se aplican al IRPF, por ejemplo. Esto es distinto. Esto es una patada a la igualdad revestida de sedicente progresismo social. A este paso terminarán por aplicar un incremento del 150% en las multas impuestas a quienes no voten a la izquierda. Y a quienes lo hagan por Sánchez, un descuento del 15%. Todo se andará.