Ya sería el remate que alguien se hubiera lucrado con las pulseras antimaltrato

No será porque OKDIARIO no lo advirtió. La decisión del Ministerio de Igualdad de cambiar de proveedor en el sistema de seguimiento telemático de órdenes de alejamiento no sólo generó un vacío informativo que compromete los procesos judiciales contra maltratadores y puso en peligro la vida de multitud de mujeres víctimas de la violencia de género, sino que la compra de las pulseras antimaltrato, mucho más baratas que las anteriores, presentó graves deficiencias en su adjudicación, tanto que la Fiscalía Europea investiga un delito de fraude. O sea, no estamos hablando sólo de problemas técnicos que derivaron en la desprotección de las mujeres, sino de una adjudicación de dinero público procedente de los recursos comunitarios que viene envuelta en espesas sombras de sospecha.

Desde luego, la salida de la ministra, Ana Redondo, diciendo que todo es un «bulo», es una supina exhibición de impotencia y de falta de altura argumental. Porque la UCO no entra en la sede del Ministerio de Igualdad por capricho, sino a instancias de la Fiscalía Europea.

Los agentes de la UCO también han entrado en el Tribunal de Cuentas, que recientemente ha publicado un informe en el que alerta de «graves deficiencias» en la compra del Ministerio de Igualdad de estos dispositivos electrónicos, con un importe superior a los 100 millones de euros. De modo que más le valdría a la señora Redondo recurrir a un argumento menos manido que los que ha venido utilizando hasta ahora, porque eso de que todo forma de una campaña de la fachoesfera ya no cuela. Aquí lo que está claro es que hay gato encerrado, porque el Gobierno se comprometió hace un año a llevar a cabo una auditoría interna que estaría finalizada en enero de 2026 y, a día de hoy, la auditoría «no ha finalizado». Parece que la auditoría de la Fiscalía Europea va más rápida, tanto que ya ha sido capaz de apreciar las «irregularidades» que niega la ministra Redondo.