Montero y el resquicio de las elecciones
Si hace unos días comentaba que el Gobierno de Sánchez seguía empeñado en no pagar las entregas a cuenta comunicadas a las Comunidades Autónomas en julio de 2018 para aplicar en el presupuesto de 2020, y que lo hacía con excusas de mal pagador, ahora el esperpento es todavía mayor. Después de asegurar la ministra Montero que no podía pagarlo al haberse producido una prórroga presupuestaria y que había un informe de la Abogacía del Estado que afirmaba que un gobierno en funciones no podía proceder a realizar dicha transferencia porque no podía comprometer la actuación del próximo gobierno, ahora Montero parece que dice que sí que lo pagará.
Digo que parece que sí que lo hará porque algún medio de comunicación se hace eco de la información de fuentes de Hacienda que dicen que han encontrado “un resquicio” para proceder a realizar el abono de dichas entregas a cuenta, y que procederán al pago en unos diez días.
¿A qué se debe este cambio tan sustancial en la posición del ministerio? ¿Por qué han encontrado ese supuesto resquicio ahora y no antes? ¿Qué resquicio es y a qué se debe? ¿La Abogacía del Estado está de acuerdo? Todas ellas, son preguntas que es lógico que se plantee cualquier persona, pues la oscilación del gobierno ha sido completa: de venir a decir la ministra que sólo afectaría a finales de año a las regiones, a decir ahora que enseguida van a recibir ese importe.
Es importante que se aclaren varias cuestiones. Por ejemplo, es necesario saber qué resquicio legal es el que han encontrado. Adicionalmente a ello, hay que saber el motivo por el que no lo han encontrado antes de este momento. Todo ello es relevante, porque el cambio de criterio se ha producido cuando se ha conocido que no iba a haber candidato propuesto a la presidencia del Gobierno, es decir, cuando sabíamos que se iba a proceder a la disolución de las Cortes.
Aparte de pagar esos fondos, deben explicarlo detalladamente, porque, si no, cualquier persona podría pensar que se ha intentado comerciar con esos fondos, poniendo trabas a su desembolso simplemente porque convenía, políticamente, mantener esa tensión para forzar que una hipotética investidura saliese adelante, pues el Gobierno no dejaba de decir que tenía preparado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para poner en marcha el proceso presupuestario en cuanto se formase gobierno. Como los fondos, decía Montero, sólo se podían pagar con el presupuesto aprobado, si no había presupuestos y, por tanto, entregas, se debía a la falta de apoyo al gobierno.
Ahora, sin embargo, se han convocado elecciones y aparece, de repente, un resquicio con el que poder pagar, dice el gobierno que para no tener que recortar servicios. O hay resquicio legal o no lo hay, pero seguro que no puede constituir dicho resquicio el hecho de que se presten más o menos servicios. Cualquier persona pensaría que a lo mejor el resquicio existió siempre y que, simplemente, lo que no siempre estuvo claro es que fuese a haber nuevas elecciones, de manera que ahora se activa lo que antes no.