Las miserias de Colau

La podemita Ada Colau es un freno para el constitucionalismo en Barcelona. La alcaldesa de la ciudad parece empeñada en dificultar las expresiones e iniciativas de españolidad —en su momento trató de criminalizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su ímprobo trabajo durante el referéndum ilegal del 1-O—. Bajo su mandato, cualquier intento de respuesta cívica y pacífica ante la sinrazón golpista es sinónimo de dificultad extrema. Siempre cómplice de los que tratan de maniatar a la sociedad catalana, ahora intenta vetar la manifestación por España que tendrá lugar el próximo 9 de septiembre. Entre las muchas miserias gestoras que la caracterizan en forma de hipocresía y fatuidad, destaca el hecho de que no gobierne para todos sus convecinos, sino sólo para sus votantes o para los que considera que pueden llegar a serlos.

Dicho comportamiento es un claro síntoma de mala política y peor regidora. Más, si cabe, en la segunda urbe más importante de España, localización de una parte fundamental de las inversiones nacionales e internacionales que se desarrollan en nuestro país. Lamentablemente, nada de esto parece importarle. Ante iniciativas ciudadanas que buscan defender la legalidad vigente, Ada Colau exige requisitos y plazos imposibles para tratar de condicionar al máximo la celebración de marchas como la que tendrá lugar en la Avenida María Cristina. Una concentración cuyo máximo pecado es defender la indispensable unidad de España, amén de exigirle al presidente Sánchez que no acepte a independentistas y terroristas como puntos de apoyo a su exiguo Gobierno.

Proclamas que firmaría cualquier ciudadano comprometido con su país y con la seguridad jurídica del mismo y que, sin embargo, Ada Colau trata de rechazar mediante exigencias imposibles como licencias con dos meses de antelación —faltan sólo 15 días para que el evento tenga lugar— o una tasa de casi 4.000 euros por ocupar espacios públicos que no son «tradicionales». Y eso que el evento cuenta con el apoyo de instituciones tan importantes y respetadas como la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), Empresarios de Cataluña o las principales asociaciones cívicas de la región. Excusas y más excusas que sólo pretenden dificultar una iniciativa que debería contar la colaboración decidida de cualquier alcalde comprometido con España y con su legalidad. Por desgracia, Ada Colau dista mucho de ese perfil.