El ministro intocable de un Gobierno irresponsable

La seguridad de los ciudadanos no es una cuestión ideológica. Tampoco es una partida más del presupuesto ni un elemento que pueda sacrificarse en nombre de la propaganda.

Es una obligación esencial del Estado y una responsabilidad ineludible de quienes gobiernan. Si esa obligación se incumple de forma reiterada, la exigencia de cuentas se convierte en un deber democrático.

Los accidentes, las interrupciones y los problemas que viene acumulando la red ferroviaria española durante la etapa de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes nos obligan a exigir consecuencias.

No se trata de anticipar las conclusiones de las investigaciones ni de atribuir responsabilidades penales antes de conocer los hechos, sino de algo más básico y, al mismo tiempo, más exigente: la responsabilidad política por la gestión de una infraestructura estratégica de la que dependen millones de personas.

Un ministro no puede atribuirse los méritos cuando el sistema funciona y desentenderse cuando falla. No puede refugiarse en las explicaciones técnicas, en las comisiones de investigación o en la búsqueda de culpables dentro de la propia Administración para eludir lo que le corresponde. Gobernar implica responder. Dar explicaciones.

Asumir las consecuencias de las decisiones tomadas y de las que, siendo necesarias, no se tomaron. Y sin embargo, tras la tragedia de Adamuz, que en enero costó la vida de 46 personas, y tras el nuevo y brutal choque de esta misma mañana entre un AVE y un Iryo cerca de Urda, en Toledo, con un balance provisional de decenas de muertos, el Gobierno ha optado por mantener al frente del ministerio a quien ya acumula dos catástrofes de esta magnitud en menos de un año y múltiples problemas en la red.

La irresponsabilidad de conservar a semejante gestor, sin haber depurado ninguna responsabilidad política de peso, resulta especialmente grave. Ni tras Adamuz ni después de los reiterados fallos en Rodalies se produjo una depuración real en la cúpula.

El propio Puente llegó a afirmar que «ni pincha ni corta» en las investigaciones, mientras el Ejecutivo le sostiene como si las sucesivas tragedias fueran ajenas a la gestión del departamento.

La acumulación de incidencias, los fallos de mantenimiento y los accidentes registrados durante este mandato han erosionado la confianza de los usuarios. Cada nuevo incidente no es un episodio aislado: es un síntoma.

Y los síntomas, cuando se repiten, obligan a preguntarse por las prioridades reales del Ministerio, por el estado efectivo de las infraestructuras y por la eficacia de la supervisión.

Necesitamos un ferrocarril seguro. No un ministro dedicado a la confrontación política, a insultar a los ciudadanos y a destruir un sistema, que nunca había tenido ese tipo de fallos bajo la supervisión de sus antecesores.

La responsabilidad de un cargo público no se mide por la actividad en las redes, por la agilidad en el ataque al adversario ni por la capacidad de desviar la atención. Hay que medirla por los resultados y por la disposición a rendir cuentas cuando esos resultados fallan.

La transparencia y la rendición de cuentas no son concesiones del poder, sino obligaciones para con los electores. Son principios básicos de una democracia que se toma en serio a sí misma.

Los ciudadanos no son súbditos a los que se pueda pedir paciencia indefinida. Son quienes sostienen las instituciones con sus impuestos y quienes tienen derecho y obligación a exigir que los servicios esenciales funcionen con las máximas garantías.

Por eso, la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes no es una reclamación caprichosa ni un gesto de oportunismo. Es la lógica de una gestión que ha deteriorado la confianza pública en un ámbito donde la seguridad no admite juegos.

La investigación de los accidentes determinará causas y, en su caso, responsabilidades técnicas o penales. Pero la responsabilidad política no puede quedar suspendida a la espera de que otros resuelvan lo que el Gobierno tiene la obligación de explicar.

Mantener en el cargo a quien no ha sido capaz de garantizar la seguridad básica de los viajeros, ni de ofrecer una respuesta política coherente tras dos tragedias de esta envergadura, es una falta de respeto a las víctimas y a toda la ciudadanía.

Un país serio no puede permitirse normalizar los accidentes. No puede convertir las tragedias en material de disputa partidista. Y no debe confundir la rendición de cuentas con un gesto voluntario o con un cálculo de conveniencia.

Cuando la seguridad de los ciudadanos queda en entredicho de forma reiterada, la primera respuesta no puede ser la defensa del cargo. Debe ser la asunción de la responsabilidad.

La exigencia de dimisión no es un ataque personal. Es la lógica de un principio: quien ocupa un ministerio de esta naturaleza responde de lo que ocurre bajo su autoridad.

Porque al final solo hay una pregunta que importa: ¿cuántos muertos más hacen falta para que alguien asuma de verdad las consecuencias? Mientras esa respuesta no llegue, cada nuevo viaje en tren será, para miles de familias, un acto de fe injustificado.

Y eso, en un Estado que se dice moderno y responsable, es sencillamente intolerable.