Manifiesto ¡Ya está bien!

En las democracias anglosajonas, el papel de lo que se conoce como sociedad civil está muy presente en el debate político y su influencia en los foros de opinión políticos es mucho mayor que la que tiene en nuestro país hoy en día. Durante la Transición, la sociedad civil jugó un papel fundamental en la llegada del nuevo sistema de libertades pero, sin embargo, en la actualidad parece existir una línea divisoria entre lo público, que atañe a los políticos, y lo privado, que compete a esa sociedad civil. Incluso da la sensación de que hay ciertos recelos entre uno y otro ámbito. Sin embargo, cualquier sociedad democráticamente desarrollada debe estar vertebrada por ciudadanos que, desde los diferentes sectores profesionales, alcen su voz en relación con la actuación de nuestros gobernantes. Y, lo más importante, que esta opinión sea tenida en cuenta. Pues bien, la fórmula de un manifiesto abierto es quizá una manera sencilla para que los ciudadanos nos expresemos públicamente y bien creo que la situación actual lo merece. Por tanto, modestamente, me atrevo a proponer el siguiente texto para que sea compartido y/o suscrito por todo aquel que lo considere oportuno. Ahí va:

“Las personas que firmamos el presente manifiesto queremos expresar la preocupación que, como ciudadanos españoles, sentimos por la actuación del Gobierno de la Nación durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. En particular, y sin ánimo de ser exhaustivos, señalamos lo siguiente:

1.     De una manera sectaria, irresponsable y negligente, el Gobierno desoyó las alertas que, desde el mes de enero de 2020, se venían produciendo, tanto a nivel internacional como nacional, en relación con la gravedad de la expansión del COVID-19 y, en particular, sobre la afectación de éste a España.

2.     Un hecho irrefutable es que España se ha convertido desgraciadamente en el primer país del mundo en número de muertos por millón de habitantes y, además, en el país donde se dan más casos de personal sanitario infectado. Estos tristes récords sólo pueden ser el resultado de una gestión sanitaria del Gobierno ineficaz e inaceptable para cualquier nación desarrollada.

3.     Tras la declaración del Estado de Alarma, aprobada el 14 de marzo de 2020, y siendo competente para ello, el Gobierno no ha proporcionado al personal sanitario, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas, trabajadores de la cadena alimentaria, etc., los mecanismos de protección personal necesarios para el desempeño, de acuerdo a los estándares más elementales de seguridad, de sus actividades profesionales de carácter esencial.

4.     Según ha quedado demostrado en el ámbito internacional, la realización de test masivos a la población contribuye de manera eficaz a la lucha contra el virus y, en consecuencia, ayuda a la reactivación económica del país. Sin embargo, el Gobierno miente deliberadamente a los españoles al decir que somos de los países que más test realizamos y sigue, aún hoy, sin cumplir con esta tarea fundamental, debiéndose este incumplimiento a una nefasta, y quizá negligente, gestión en la compra de dichos test. Por tanto, todas las previsiones indican que España sufrirá unas consecuencias económicas de magnitudes desconocidas hasta la fecha, siendo el Gobierno directamente responsable.

5.     La situación de excepcionalidad derivada del Estado de Alarma ha sido tomada como excusa por el Gobierno de la Nación para cercenar ilegalmente derechos fundamentales de los españoles, recogidos en el la Sección Primera del Capitulo Segundo del Título Primero de la Constitución (arts. 15 a 29), dando muestras explícitas de su apuesta por un proyecto totalitario alejado del Estado de Derecho que impone nuestro orden constitucional. En este sentido, abogamos por la continuidad y salvaguarda de nuestro Estado Derecho, de la vigencia de la Constitución del 78, y, por tanto, tenemos nuestra confianza depositada en nuestras instituciones y en la salvaguarda de nuestros derechos, en última instancia, por el Poder Judicial.

6.     El tono paternalista, frívolo e, incluso, falsario utilizado por el Gobierno (y por el Presidente, en especial) en sus intervenciones públicas en relación con la situación de crisis sanitaria, es inasumible por cualquier democracia moderna. Su política de comunicación supone un ataque a la inteligencia y, sobre todo, a la paciencia de todos los españoles.

7.     Denunciamos que el Gobierno se escude en supuestos expertos y en mandos técnicos de los ministerios para no asumir sus propias responsabilidades. Denota una cobardía jamás vista en democracia que los miembros del Gobierno asuman competencias por imperativo legal pero luego atribuyan las responsabilidades a sus propios mandos. Y aprovechamos para hacer un llamamiento a esos técnicos de los diferentes ministerios para que no se dejen instrumentalizar por el Gobierno, pues, además de poner en tela de juicio su profesionalidad, se han convertido en colaboradores necesarios de la ignominia gubernamental.

8.     Denunciamos la utilización partidista por el Gobierno de las instituciones vertebradoras de nuestro país. En particular, pero no en exclusiva, denunciamos la utilización que se está realizado de los medios de comunicación públicos con fines propagandísticos, atentando contra la esencia misma de nuestro sistema democrático. También denunciamos el uso espurio de los cuerpos profesionales más apreciados por la sociedad, siendo inasumible, por antidemocrático, que se pretenda su instrumentalización con el único fin de proteger al Gobierno frente a la libertad de sus ciudadanos.

9.     La lucha contra las fake news en ningún caso puede servir de excusa para que el Gobierno nos diga a los ciudadanos lo que debemos creer o no. El Gobierno parece estar más centrado en el control de la información que circula en la red que en paliar la crisis sanitaria.

10.   Los ataques que destacados miembros del Gobierno han realizado contra la Jefatura del Estado son inadmisibles, ya que ellos tendrían que ser los primeros en predicar con el ejemplo en el cumplimiento de las reglas fundamentales sobre las que se basa nuestra organización política como nación de ciudadanos libres e iguales. El silencio del Presidente y del resto de ministros sólo se puede calificar como cómplice del ataque, constituyendo una gravísima dejación de funciones y una ruptura de la promesa fundamental que acataron durante sus tomas de posesión en relación con la defensa de la Constitución.

Los puntos arriba mencionados hacen necesario que la sociedad española se manifieste en libertad y denuncie públicamente al Gobierno de la Nación por las gravísimas actuaciones que está llevando a cabo. Vivimos un momento de absoluta excepcionalidad, pero esta circunstancia no puede ser utilizada para menoscabar nuestras libertades de manera arbitraria, incumpliendo descaradamente el mandato constitucional. Por tanto, los firmantes de este manifiesto, y de manera paralela a las actuaciones judiciales que contra el Gobierno se pudieran producir, consideramos urgente proponer desde la sociedad civil que los principales partidos de la oposición se unan entorno a un proyecto común que pare los pies al Gobierno. El país vive la situación más grave a la que se ha enfrentado en muchas décadas y, por tanto, necesitamos que haya una alternativa de gobierno heterogénea pero unida en lo fundamental.”

De momento, este manifiesto lo suscribe el arriba firmante, pero quiero creer que representa el malestar de muchos españoles que, atónitos desde nuestras casas, asistimos a una situación insoportable.