Lo de Batet es un fraude del tamaño de una Mesa

El informe jurídico del Congreso de los Diputados que avala la continuidad del diputado podemita Alberto Rodríguez, pese a haber sido condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo por patear a un policía, carece de la firma de la Secretaría General, algo que suele ser habitual cuando se trata de cuestiones jurídicas. Es decir, la Mesa del Congreso -de mayoría socialcomunista- ha tomado la decisión de indultar al diputado de la formación morada basándose en un informe fantasma, pues no lleva la firma de nadie.

El asunto pasa de castaño a oscuro: la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no ha asumido haber encargado el informe, sino que su entorno asegura que se hizo «de oficio, como todo lo que llega a la Mesa», algo que sencillamente es mentira. Fuentes parlamentarias desmienten esta versión y aseguran que el informe era ad hoc, al ser el único que constaba en el índice rojo de temas a tratar por la Mesa. ¿Encargó la presidenta del Congreso el informe? Y lo que es más importante: ¿Presionó para que el mismo se adaptara al plan de socialistas y podemitas para lograr que el diputado Rodríguez no tuviera que dejar su escaño? Batet tendrá que explicarse, porque el asunto desprende un tufo a pucherazo que tira para atrás. ¿Por qué el informe -o lo que sea- viene sin la firma de la Secretaría General? ¿Quién se hace responsable del mismo? ¿Tal vez porque el informe -o lo que sea- se hizo siguiendo la pauta marcada por la presidenta y nadie asume su autoría? El escándalo es mayúsculo y los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados tendrán también que dar explicaciones, porque da toda la sensación de que ese informe -o lo que sea- se redactó de tal manera que la mayoría socialcomunista de la Mesa tuviera cobertura jurídica para llevar a cabo su trampa de indultar al diputado pateapolicías contraviniendo así el pronunciamiento del Tribunal Supremo. Crece la sospecha de que la presidenta del Congreso ha utilizado torticeramente los servicios jurídicos de la Cámara Baja en beneficio de los intereses de la coalición de Gobierno para ‘patear’ al Tribunal Supremo.