La Ley de Nietos suspende en Historia

La llamada Ley de Nietos se ha acreditado como el paradigma de la falsedad y la manipulación del pasado por la «memoria democrática», un tipo de legislación dirigida a suplantar la Historia por un aparato dogmático que no admite disidencia, más allá de sus posibles tropelías jurídicas, como las que examina ahora el Tribunal Supremo.

Ya expuse aquí la semana pasada los datos y circunstancias del exilio y la emigración entre 1936 y 1955 que revelan el desapego a la verdad de la famosa instrucción de Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes. Una instrucción que extiende la «presunción de exilio» a todas las personas que abandonaron España entre esos años, incluidos los emigrantes económicos.

Puse de relieve dos aspectos principalmente. Primero, el número de exiliados políticos a América, que sumaban 14.000 personas en 1939. Argentina y Cuba apenas acogieron unos centenares de exiliados, pero hoy son, con más de 1,3 millones de solicitudes de nacionalización, los países con mayor respuesta a la Ley de Nietos.

El segundo punto fueron las medidas del régimen de Franco para incentivar el retorno de los exiliados desde 1945 y las iniciativas para quitar trabas a la emigración económica a partir de 1946.

Más de la mitad de los españoles emigrados a América desde entonces fueron gallegos y canarios. Sánchez pretende convencernos de que estas salidas de España eran una muestra de rechazo a la dictadura, olvidando que la concentración de «exiliados» en Galicia y Canarias se debe a que fueron siempre el origen mayoritario de la emigración a Ultramar.

Si algo ha llamado siempre poderosamente la atención es la ignorancia sobre la Guerra Civil de que hacen gala los burócratas del Gobierno de Sánchez a la hora de meter sus manazas en un periodo histórico tan complejo.

La falta de compromiso con el rigor evidencia claramente el uso falaz por parte de Sánchez de un pasado que causó tanto dolor a todas las familias españolas, para servirse de él con fines bastardos como es la adulteración del censo electoral.

Siempre he reivindicado la mirada a los matices y las aristas de nuestra contienda fratricida como un antídoto contra las visiones simples, planas y maniqueas que hoy proliferan por mandato oficial, tan similares a las que las propagandas de ambos bandos difundieron entonces.

La instrucción de Sofía Puente desdeña todas las particularidades que en esos años definieron la salida al extranjero, incluido el hecho de que durante la Guerra Civil se produjeran exiliados desde las dos Españas, no sólo la republicana.

La principal de estas particularidades es que republicanos y franquistas desconfiaron de quienes permanecieron en el extranjero durante el conflicto, al considerar que el no regresar a España a contribuir al esfuerzo de guerra era una deslealtad a sus respectivas causas.

Tanto es así que las autoridades del Frente Popular forzaron desde 1937 el retorno de los pensionistas que se encontraban en el exterior, bajo amenaza de perder el derecho a percibir la pensión, aunque desde agosto de 1936 ya habían dejado de cobrarla. Los franquistas impusieron también severas restricciones al pago de los haberes pasivos en el exterior.

Además, los dos bandos coincidieron en decretar antes de que terminara 1936 la prohibición de salida al extranjero para una amplia franja de la población. El objetivo de los «hunos» y los «hotros» era evidente: evitar la fuga de los varones llamados por las cajas de recluta, abiertas por los dos bandos a los pocos meses de comenzado el conflicto.

El furor bélico azuzado por las consignas de la propaganda se estrelló pronto con realidades como esta. Tan poco cainitas eran entonces los españoles que, ante la prolongación de la contienda, habían empezado a mandar a sus hijos menores fuera de las fronteras para evitar que les llegara el turno de empuñar el fusil por ser llamada su quinta. Las autoridades de uno y otro bando no tardaron en advertirlo y decidieron cortarlo de raíz, como cuento en mi libro Desertores.

Franco prohibiría en diciembre de 1936 la marcha al extranjero de los hombres entre los 18 y los 40 años, pero antes de que pasara un año bajó la edad a los 17, ante el número de jóvenes de esa edad «que se viene observando emigran a América y con objeto de evitar que por este medio puedan eludir el cumplimiento de sus obligaciones militares». «No merecen ser españoles», rezaba un titular de un diario falangista en septiembre de 1936, refiriéndose a los que eludían en el extranjero el servicio de las armas.

El Gobierno republicano ya había prohibido en octubre de 1936 la salida al extranjero de los varones entre los 20 y los 45 años. Todos quedaban movilizados militarmente, bajo la amenaza de ser considerados desertores, para cualquier trabajo o servicio «en beneficio de la defensa nacional». En 1937 la prohibición se rebajó a los 18 años y en enero de 1939, a los 17, por las mismas razones que sus rivales.

En el bando republicano se anularon también a comienzos de 1937 las exenciones del servicio militar establecidas para los españoles residentes en el extranjero por las leyes de 1927 y de 1935.

De este modo se impuso la obligatoriedad de regresar al territorio leal para empuñar las armas a aquellos pertenecientes a los reemplazos movilizados o que lo fueran en lo sucesivo, excepto los emigrados antes del 1 de enero de 1936 que tuvieran que sostener a una familia.

La respuesta a la llamada a filas de los españoles en el extranjero no debió de ser muy entusiasta a tenor de las instrucciones del Gobierno republicano a los consulados para que se negara a los varones en edad militar las ayudas previstas para los refugiados.

Así las cosas, la Ley de Nietos puede dar lugar a episodios realmente llamativos: que descendientes de prófugos de filas que se negaron a volver a España para luchar por la República obtengan noventa años después la nacionalidad española de manos de Pedro Sánchez, nieto a su vez de un desertor de las filas republicanas que después combatió voluntario como legionario en el bando de Franco. La historia tiene recovecos inimaginables.

El supuesto paraíso republicano generó otros tres tipos de emigración durante la contienda, de las que la Ley de Memoria Democrática, centrada exclusivamente en el exilio político republicano, no da razón alguna en su ánimo de contar sólo una parte del pasado.

Una de estas emigraciones fue la amparada por las embajadas y legaciones extranjeras, que sacaron del país a miles de perseguidos por el Frente Popular que se habían refugiado en sus sedes diplomáticas para salvar su vida ante la represión frentepopulista.

Otra emigración fue la de figuras del pensamiento, las letras y el espectáculo, con centenares de intelectuales, autores y artistas que lograron salir de la zona gubernamental ayudados con oportunas recomendaciones. Contra estas recomendaciones clamaba el ministro de Gobernación socialista, Julián Zugazagoitia, en octubre de 1937: «Irse de la patria cuando ella nos necesita es una deserción que nadie puede facilitar ni proteger».

El exilio de estas figuras, desde Gregorio Marañón a Estrellita Castro, de Américo Castro a Carlos Arniches, de Clara Campoamor a José Castillejo, ya permanente en el caso de estos dos últimos, desmiente el tópico de que todo el mundo de la cultura estuviera firmemente adherido a la causa frentepopulista.

Sus actitudes fuera de España, tanto si revelaban cercanía a la causa de Franco como si se mostraban neutrales, serían duramente criticadas por parte republicana en informes diplomáticos y artículos de prensa que no dudaban en calificar de «fascistas» a muchos de estos exiliados, aunque hubieran hecho anteriormente profesión de fe republicana.

Caso singular es el de Ramón Gómez de la Serna, que a comienzos de la guerra firmó en Madrid un manifiesto comunista contra la sublevación militar. Afincado poco después en Buenos Aires, los diplomáticos republicanos se quejaban en sus informes de que en la capital argentina el autor de las «greguerías» intentaba «aparecer neutral». En mayo de 1949, en el transcurso de un viaje a España, fue recibido en audiencia por Franco, pese a que había condenado su golpe militar trece años antes.

El tercer exilio fue el clandestino, tanto de desafectos al bando frentepopulista como de prófugos y desertores que cruzaban la frontera para escapar del campo de batalla o de la recluta del Ejército Popular.

Por esta vía clandestina huyeron también de la zona gubernamental muchos voluntarios de las Brigadas Internacionales, a quienes las autoridades republicanas les retiraban su pasaporte al llegar a nuestro país para que ya no pudieran salir de España sino con los pies por delante, en estricto cumplimiento de las órdenes estalinistas para su reclutamiento.

En virtud de la Ley de Memoria Democrática, quienes se dicen herederos de aquellas mismas autoridades republicanas han tenido ahora la idea de conceder el pasaporte español a los descendientes de aquellos «voluntarios de la libertad» a los que se les arrebató la suya para sellar letalmente su destino, lo quisieran o no, con el bando republicano.

Al fin y al cabo, es la misma forma surrealista de entender la justicia histórica que exhibe la Ley de Nietos cuando equipara exilio político y emigración económica.