Desprogramar a Ariana Harwicz fue ceder al terror ideológico

A estas alturas ya saben que, en el Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades CULTUR-ALH de Granada, previsto entre el 21 y el 27 de este mes, desapareció de golpe el nombre de Ariana Harwicz. Harwicz es una escritora argentina, finalista del Booker Internacional y autora de novelas como Mátate, amor, que iba a participar en una charla titulada Oponerse al mundo junto a Jesús Ortega. Escandalosa y contradictoria «cancelación», pues unos sesenta escritores e intelectuales debían debatir sobre temas como la libertad de expresión, el terror a la censura y la discriminación. El objetivo era encomiable, pero el resultado, un total fiasco.

Las responsables del festival, Ana Gallego Cuiñas y Patricia Escalona, ​ justificaron la desprogramación por una «petición» de la Red Universitaria por Palestina de Granada, de determinados lectores y de un club de lectura. Pueden imaginar el motivo: las posiciones públicas de Harwicz, que es judía, contrarias al boicot cultural a Israel. Ella misma lo ha denunciado: «Cedieron a la presión de militantes. Cedieron al terror», y se ofreció a asistir aunque hubiera protestas. Pero le respondieron que no podían garantizar su seguridad. El festival se celebraría, pero sin la disidencia más representativa y polémica de los últimos años.

La Universidad de Granada, por su parte, emitió un comunicado en el que se desmarcaba de una decisión que había tomado la dirección del festival, no el equipo de gobierno. Asegurando que la institución no compartía la desprogramación, quiso reafirmar su compromiso con el pensamiento crítico, el pluralismo y la libertad de expresión. Palabras y sólo palabras. Lo consecuente hubiera sido suspender el evento si se consideraba que atentaba contra dichos principios. Mantenerlo mientras se borra a una autora por sus opiniones convierte la declaración en un ejercicio de hipocresía institucional. Granada aspira a ser capital europea de la cultura en 2031. Actos como este ponen en duda que merezca tal honor.

Algunos participantes en el festival firmaron un comunicado respaldando la censura. En él acusaban a Harwicz de negar el «genocidio» en Gaza y de descalificar a quienes denuncian las acciones de Israel. Su palabra, sin embargo, no es la ley. Nadie se convierte en cómplice de un crimen sólo porque un grupo crea que ese es real. Y nadie puede ver limitada su libertad de expresión porque otros deciden que ha excedido los límites que ellos mismos fijaron. La cultura no es un tribunal moral. Convertirla en tal es el principio del fin del diálogo. Naturalmente, están en su derecho a pensar que se comete un genocidio y a sostener que quien lo niega es cómplice. Pero también tiene ese derecho quien considere que cierran los ojos ante los crímenes de Hamás y de sus entusiastas seguidores civiles. Asesinos que, después de tanto «genocidio», siguen vivitos y amenazantes.

El caso de Harwicz no es aislado. Revela hacia dónde se inclina cierta solidaridad contemporánea. Quienes celebran o toleran la exclusión de una escritora por no condenar a Israel en los términos exigidos por ellos mismos suelen mostrar menos indignación ante quienes perpetraron la masacre del 7 de octubre del 2023, la peor desde el Holocausto. O ante el objetivo explícito de Hamás de destruir al Estado judío. Este objetivo es yihadista, pues, aunque sea local, tiene repercusiones globales. Yo misma experimenté en redes el tono de quienes, mientras decían defender la presencia de Harwicz, encontraban legítima su censura por no condenar el supuesto genocidio. Insultos, estigmatización, superioridad moral… Cuando las simpatías se inclinan preferentemente hacia quienes practican o justifican el terror yihadista -aunque sea de forma pasiva o por omisión-, se hace la vista gorda ante un proyecto de aniquilación yihadista. Y hay que denunciarlo con firmeza. No se trata de calumniar a nadie, se trata de poner las cosas claras. Porque igual no se habían dado ni cuenta.