Una Ley de la Infancia podemita que puede dejar sin padres al menor

La decisión del Tribunal Constitucional  -como informa OKDIARIO- de rechazar el recurso de inconstitucionalidad de Vox contra la Ley de Infancia o ley Rhodes que permite alejar a padres denunciados por violencia de género de sus propios hijos sin orden judicial supone avalar la quiebra de la presunción de inocencia y la vulneración del derecho de los menores a relacionarse con sus padres.

Uno de los aspectos más cuestionables de la ley que será avalada por el Constitucional es el relativo a la situación que podría  originarse en el caso de que se produzcan denuncias cruzadas por parte de los progenitores, pues en esa situación los menores serían adscritos a centros de acogida. O sea, la simple admisión a trámite de una denuncia en casos de divorcio y separación obligará a los tribunales a retirar al denunciado la custodia, visitas y comunicación con sus hijos sin esperar a que sea juzgado por ese supuesto maltrato.

Es una cuestión de puro sentido común: al denunciado se le impone un castigo a priori y tan grave como apartarle por completo de sus hijos sin que pueda defenderse en los tribunales. La Ley de Infancia afecta no sólo al padre o la madre denunciados por su cónyuge, sino especialmente a los menores a los que se les impedirá relacionarse con uno de sus progenitores -o con los dos, en caso de denuncias cruzadas- por la mera acusación del otro y sin que el juez pueda resolver en virtud del interés del menor, que debería prevalecer siempre.

No parece que la norma sea un prodigio de equidad ni de equilibrio, porque una disputa conyugal con denuncia mutua derivará indefectiblemente en la reclusión de los menores en centros de acogida, asumiendo el Estado de forma automática el papel de progenitor sin medir pronunciamiento alguno de los tribunales de justicia. Es, en suma, una ley delirante que se vuelve, precisamente, contra el menor. Una ley atentatoria contra el más elemental concepto de libertad en la que se violenta el derecho a la tutela judicial efectiva. En suma, un esperpento con marchamo de constitucionalidad