La Justicia estrecha el cerco sobre Monedero

Al final, todos los caminos del laberíntico recorrido de Neurona Consulting llevan a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional concluye que Monedero fue receptor de una «factura falsa de 26.200,31 euros». Recibió dicha cantidad, emitida por Neurona Consulting, vía transferencia, desde México, y fue retenida por la entidad bancaria, que solicitó justificación de la misma. En la factura sólo figuraba el emisor, no el receptor y el concepto  «300 horas de consultoría presencial. Buenos Aires, Colombia y México».

El también profesor de la Universidad Complutense de Madrid figura en el sumario de más de 400 páginas al que ha tenido acceso este periódico. Los investigadores dibujan un clarificador esquema donde la empresa Neurona Consulting ocupa el centro de una trama que opera desde México. Desde allí, esta sociedad lleva a cabo diferentes pagos, entre ellos el de Juan Carlos Monedero, con quien mantenía una estrecha relación. De hecho, Monedero reconoció haber trabajado con esta consultura que recibió contratos del Gobierno boliviano de Evo Morales por importe de 1,8 millones de dólares.

De la mano de Monedero, Neurona entró en España para convertirse en la consultora política de Podemos; es decir, la que diseñó la estrategia electoral de la formación de Pablo Iglesias. Antes, Neurona trabajó para diferentes partidos latinoamericanos de la órbita chavista, interviniendo en más de 200 campañas electorales, todas exclusivamente con candidatos y partidos de izquierda en países como Portugal, Costa Rica, Ecuador, México, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Venezuela y Colombia.

Las investigaciones apuntan a que el pago a Monedero podría estar vinculado con los más de 425.000 euros que Podemos abonó a Neurona en 2019 por supuestas labores de consultoría. Labores que se sospecha no fueron realizadas. Se trata de dilucidar si ambas partes- Podemos y Neurona- simularon facturas para justificar la transferencia de fondos públicos electorales a México, adonde fueron a parar 308.824 euros. El cerco judicial se estrecha. Ya falta menos.