Intolerable desafío del Gobierno al Tribunal Constitucional

Más grave aún que la decisión del Tribunal Constitucional de declarar contrario a la Carta Magna el primer estado de alarma decretado por el Gobierno -debió utilizar la figura del estado de estado de excepción, que requiere un permiso previo del Congreso, pues el instrumento elegido suspendía, y no sólo limitaba los derechos de libre circulación, de fijación de domicilio y de reunión entre particulares-, lo inquietante es la reacción del Ejecutivo a la sentencia del máximo intérprete de la Constitución.

Que el Gobierno haya puesto en duda los argumentos jurídicos de los magistrados del TC que avalaron la inconstitucionalidad del estado de alarma supone un salto cualitativo de enorme gravedad, porque cabe la discrepancia, pero nunca en el tono desafiante de un Ejecutivo que con su airada respuesta coloca al más alto tribunal en una inédita situación de presión. Y que esa presión la ejerza el poder ejecutivo es intolerable en una democracia donde el Gobierno no puede, en ningún caso, estigmatizar al poder judicial. Eso sin contar las amenazantes declaraciones de dirigentes podemitas como Pablo Echenique, que calificó al Constitucional de «Voxtitucional». Lo que está ocurriendo en España es gravísimo,  porque el Gobierno socialcomunista ha emprendido una estrategia de acoso y derribo contra las instituciones del Estado que no tiene precedentes. El mismo Gobierno que no esconde, más bien todo lo contrario, sus reproches al Tribunal Constitucional ha ninguneado al Tribunal Supremo en el asunto del indulto a los golpistas catalanes. Al primero, lo cuestiona; al segundo, lo ignora, que es lo mismo que viene haciendo con el Consejo de Estado.

En suma, Pedro Sánchez parece decidido a desafiar a los poderes del Estado. Su pretensión es someterlos. Y como muestra, la respuesta a la sentencia que declara inconstitucional el estado de alarma. Bien mirado, lo que provoca alarma es que el Gobierno de España no haya tenido reparos en señalar con el dedo a los magistrados encargados de velar por la constitucionalidad de las leyes.