La integridad por decreto y el indulto por conveniencia

España ha descubierto una nueva alquimia política: anunciar una Agencia de Integridad Pública mientras se aprueban indultos para condenados por corrupción. Hay que reconocerle al Gobierno un extraordinario sentido del humor involuntario. Sólo en un país donde el relato ha sustituido a la realidad puede venderse como regeneración lo que, para cualquier ciudadano, resulta una contradicción difícil de digerir.

Muchos intelectuales nos decían que en España la política era, muchas veces, literatura de mal gusto. Hoy ya ni siquiera alcanza esa categoría. Hemos pasado del Estado de Derecho al Estado del relato, donde la estética importa más que la ética y donde el titular vale más que el ejemplo. Mientras se anuncia un organismo para velar por la integridad pública, el Consejo de Ministros firma indultos para condenados por corrupción. Todo perfectamente legal. Pero no todo lo legal fortalece la confianza de un país.

Pedro Sánchez llegó a La Moncloa prometiendo una regeneración democrática que no hemos visto. Hoy gobierna sostenido por una mayoría tan ajustada que los siete diputados de Junts y los siete de Esquerra Republicana se han convertido, una y otra vez, en piezas imprescindibles para la estabilidad del Ejecutivo. Catorce votos que pesan mucho más que catorce escaños. Porque cuando la supervivencia política depende de una calculadora parlamentaria, las convicciones suelen empezar a cotizar a la baja.

Conviene hacer un poco de memoria. En octubre de 2017, el Gobierno de Carles Puigdemont impulsó un referéndum unilateral declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y, pocos días después, el Parlament aprobó una declaración unilateral de independencia que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Aquella fue la mayor crisis institucional de la democracia reciente. Hubo condenas, fugas, órdenes de detención y un país dividido. Nueve años después, el panorama ha cambiado: primero llegaron los indultos a los condenados del procés, después la ley de amnistía y ahora un nuevo indulto parcial a Laura Borràs. En política, las coincidencias existen; las casualidades reiteradas, bastante menos.

Julio Anguita, al que pocos podrán acusar de conservador, repetía que un político debía marcharse «por ética, no por estética». Aquella izquierda hablaba de ejemplaridad, de responsabilidad y de respeto al dinero público. La de hoy parece haber sustituido esos principios por la geometría parlamentaria. Si un voto acerca a La Moncloa, todo encuentra una explicación. Si un socio aprieta, aparece una excepción. Si la estabilidad depende de una firma, siempre habrá un argumento jurídico dispuesto a vestir de virtud lo que muchos ciudadanos perciben como pura conveniencia política.

El caso de Laura Borràs llega acompañado del argumento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la proporcionalidad de la pena. El del exalcalde de Linares cuenta con informes favorables. El de Natalio Grueso se apoya en razones humanitarias. Cada expediente tiene su propia justificación. Pero la política no se juzga únicamente expediente por expediente; también se juzga por el mensaje que transmite cuando todas esas decisiones coinciden en el mismo Consejo de Ministros que aprueba una Ley de Integridad Pública. La oportunidad política también existe, aunque no figure en el Código Penal.

Se suele decir que el problema de España no es sólo la corrupción, sino la costumbre de convivir con ella hasta convertirla en paisaje. Quizá ahí resida el verdadero deterioro. Ya casi nadie se sorprende. Los indultos se anuncian por la mañana, la regeneración democrática por la tarde y el país continúa su rutina como si ambas cosas fueran perfectamente compatibles.

Dicen que la política consiste en servir al interés general. Hoy demasiados españoles tienen la impresión de que consiste en sumar los votos suficientes para llegar al viernes. El Gobierno proclama que lucha contra la corrupción mientras indulta a condenados por corrupción; promete regeneración mientras negocia cada votación con quienes hace menos de una década protagonizaron el mayor desafío al orden constitucional desde 1978. Quizá ese sea el verdadero retrato de esta época: la coherencia ya no se mide por los principios, sino por la aritmética parlamentaria.