Honduras, la derrota que Caracas no quiere admitir

En Honduras estamos asistiendo a un nuevo fraude electoral similar el que ejecutó la dictadura socialista venezolana en el verano de 2024, cuando robó la victoria al candidato de la oposición Edmundo González. Pero en esta ocasión, el Gobierno de Washington, dirigido por Donald Trump, no va a permitir el pucherazo, como hizo el anterior presidente, Joe Biden… o más bien su equipo, dada la incapacidad de éste.

Desde enero de 2022, al frente del Gobierno se encuentra Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, un político liberal que fue destituido por las instituciones nacionales cuando en 2009 intentó abrir un proceso constituyente a la manera de Hugo Chávez y sus discípulos Rafael Correa y Evo Morales. El nuevo partido que el matrimonio y sus acólitos fundaron, Libre (Libertad y Refundación), está afiliado al Foro de Sao Paulo. 

A las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre, Libre presentó la candidatura de Rixi Moncada, que se enfrentó a los candidatos de los dos partidos tradicionales del país centroamericano. Por el Nacional, el ex alcalde de Tegucigalpa Nasry Asfura; y por el Liberal Salvador Nasralla, político caracterizado por su lucha contra la corrupción y conocido por sus intervenciones en programas deportivos de televisión.

El recuento realizado por el Gobierno de izquierdas se ha paralizado. Los datos preliminares sitúan a Moncada como tercera, con un 20% de los votos, como indicaban todas las encuestas. En la comparación con el vecino y pequeño El Salvador de Nayib Bukele, el Gobierno de Castro y Zelaya, primer caballero de la república de Honduras, pierde en todos los rubros: seguridad, bandas criminales, economía, corrupción… Por tanto, la competición se da entre Asfura y Nasralla, separados por un puñado de papeletas. Está pendiente, también, la elección de los 128 diputados de la Asamblea unicameral y de los alcaldes y concejales de los 298 municipios.

El Foro de Sao Paulo ya había caído derrotado en los últimos meses en las elecciones celebradas en los últimos meses en Argentina, Bolivia, Ecuador y Chile (la segunda vuelta en este país está prevista para el domingo 14 de diciembre), con lo que cierra un año nefasto para la izquierda seudorrevolucionaria, inaugurado con la toma de posesión de Trump.

Honduras, país de 10 millones de habitantes con amplia costa en el Caribe, tiene una situación estratégica en Centroamérica. La Administración del presidente Reagan lo uso en la década de 1980 como refugio de los guerrilleros que combatían a los sandinistas que habían tomado el poder en Nicaragua; y ahora es una escala de los transportes de droga que viajan desde Colombia y Venezuela a Estados Unidos.

Así se comprende la injerencia de Donald Trump, quien, en los días anteriores a la votación, se decantó por Asfura, hasta el punto de declarar que si los hondureños no elegían a éste, EEUU «no malgastaría su dinero» en el país, en referencia a la suspensión de toda la ayuda económica. También ha prometido indultar al ex presidente, Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, a quien un tribunal norteamericano condenó en 2024 a 45 años de cárcel por colaborar con diversos cárteles en el tráfico de cocaína y el lavado de dinero.

¿Por qué el mismo presidente que afirma que los narcos controlan el Gobierno mexicano va a indultar a un político que convirtió su país en escala y productor de droga con destino a EEUU?

En su campaña, Trump se comprometió a dos grandes promesas, una sobre lo material y la otra sobre lo intangible. La primera consiste en mejorar la economía, para lo que recurre al juego de los aranceles; la disminución de la inflación; las bajadas de impuestos y los tipos de interés; la reindustrialización; y las inversiones billonarias de gobiernos extranjeros.

La segunda es mejorar la vida, tanto individual como colectiva, de las personas y de la nación. Y aquí figuran las deportaciones de inmigrantes ilegales (tras los latinoamericanos, ahora los somalíes); el cierre de fronteras; la persecución del tráfico de drogas; la supresión de la ideología de género en las escuelas, la administración, las empresas y los Juegos Olímpicos; la eliminación de la obligación de vacunarse; etc. Podríamos denominarla vitales o esenciales.

Y añadimos una tercera, transversal: el fin de «las guerras eternas» en las que está implicado Estados Unidos desde el comienzo del siglo. De lograrse, supondría menos gasto público, menos muertes, menos inestabilidad geopolítica…

Tanto las promesas de contenido económico como las pacificadoras llevan tiempo. Y en menos de un año se celebrarán las elecciones de mitad de mandato, en que se renueva el Congreso. Por eso, Trump se está centrando en las medidas vitales.

El paquete de medidas existenciales puede compensar la lentitud en el primero, porque sus efectos se ven en la televisión. En consecuencia, se producen redadas y deportaciones constantes, a pesar de los boicoteos realizados por alcaldes y gobernadores demócratas. La misma razón explica las presiones contra Claudia Sheinbaum y Nicolás Maduro, a los que Washington acusa de estar implicados en el tráfico de drogas, por cuya causa mueren en torno a 100.000 personas al año, cuando en 2000 esa cantidad era inferior a 20.000.

Trump quiere paz, entendida como el fin de la violencia y, por tanto, de la intervención de EEUU como gendarme del mundo, con tropas en el terreno (boots on the ground) en varios países. De ahí que apoye al presidente interino de Siria, un yihadista que estaba en busca y captura al que acaba de recibir en la Casa Blanca, y esté dispuesto a indultar a un socio de narcos como Hernández.

Estados Unidos se despoja de sus pretensiones de expandir la democracia a bombazos y sólo quiere que el mundo sea más estable y pacífico. A cambio de renunciar a las guerras de los «constructores de naciones», tal como definió Trump a los neocones en Riad, se acepta que las naciones las gobiernen individuos sin aval democrático, pero que al menos mantienen el orden y no dan dolores de cabeza. Los realistas se imponen a los idealistas.