La Guardia Civil jura lealtad a la Constitución, no a Pedro Sánchez, Marlaska
Fernando Grande-Marlaska pretende que los guardias civiles se atengan a sus «principios y valores», lo que no deja de ser un paso más del ministro de Interior en su plan de imponer la obediencia ciega a sus órdenes. Pretender confundir «la neutralidad política con la crítica política» es propio de quien tiene una visión muy estrecha de la libertad. Porque una cosa es ser, como exige el artículo de su código ético «plenamente respetuosos con todas las opciones ideológicas y políticas, manteniendo neutralidad en esta materia, alejados del discurso político y del debate partidista» y otra bien distinta no poder hacer uso de la libertad de expresión, que es lo que parece que pretende Marlaska.
Un Observatorio de Conducta Ética examinará a partir de ahora el comportamiento de los agentes tras la polémica apertura de expediente a tres guardias civiles por sus críticas a la amnistía. Vamos a ver: ¿neutralidad política significa que los miembros de la Guardia Civil no pueden expresar su opinión sobre las acciones del Gobierno? Eso no es neutralidad, sino censura pura y dura. Cabe recordar que el portavoz de Jucil, Agustín Leal, que acusó a Sánchez de cometer «la mayor felonía» por su plan de amnistiar a los dirigentes independentistas catalanes, fue castigado por Marlaska, al igual que dos agentes de la Asociación Pro-Guardia Civil, por criticar la futura ley en un comunicado en el que recordaban su juramento «ante la bandera como militares» y aseguraban estar «dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional». En el fondo, lo que subyace tras el Observatorio de Conducta Ética es el intento de Marlaska de amordazar a los agentes. No quiere profesionales en la Benemérita, sino siervos. Un cuerpo al servicio de los intereses del Gobierno socialcomunista, olvidando que los agentes juran por su conciencia y honor guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
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